Joven mujer capturada por atentado a Miguel Uribe confesó que está amenazada de muerte si delata

En el marco de las diligencias judiciales derivadas del atentado armado perpetrado contra el congresista Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación ha consolidado avances en la investigación que buscan establecer la autoría material e intelectual del hecho.

Entre las acciones ejecutadas figura la captura de tres personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal que habría planeado y ejecutado el ataque.

Una de las principales capturadas fue identificada como Katerine Martínez Martínez, de 19 años de edad, conocida con el alias de Gabriela. Su detención se produjo en Florencia, departamento de Caquetá, y fue posteriormente trasladada a Bogotá, donde se le practicó un interrogatorio en el que entregó declaraciones sobre su participación en los hechos.

De acuerdo con el material recopilado hasta el momento, la joven habría sido la persona que entregó el arma de fuego al presunto autor material del atentado, un menor de 14 años de edad, minutos antes de que se ejecutara el crimen.

Según las autoridades, la entrega del arma se produjo en el interior de un vehículo ubicado en el barrio Modelia, sector donde ocurrió el ataque. La pistola en cuestión, una Glock calibre 9 milímetros, fue el arma con la que se disparó en contra del congresista.

La Fiscalía sostiene que Martínez también aparece en imágenes registradas por cámaras de seguridad del sector, descendiendo del vehículo junto a otro individuo —identificado como alias el Costeño, presunto cabecilla de la red sicarial— y siguiendo al menor por varias cuadras, presuntamente para verificar que cumpliera con el encargo.

Durante su interrogatorio, sin embargo, la procesada negó haber actuado de manera voluntaria. Según su declaración, fue obligada a estar presente en el lugar de los hechos bajo amenazas. “Estoy detenida por homicidio, porte de arma y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla porque me amenazaron”, afirmó ante los investigadores.

Esta versión, no obstante, es contradicha por el conjunto probatorio recolectado, que para la Fiscalía es indicativo de una participación activa y consciente en la planificación y ejecución del ataque.

Entre los elementos hallados en su poder al momento de su detención figura una suma en efectivo de 1.100.000 pesos colombianos.

Aunque el origen del dinero aún no ha sido esclarecido, se investiga si esta suma podría corresponder a un pago derivado de su presunta colaboración en el atentado.

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Las autoridades tampoco descartan que haya existido una transacción directa por su intermediación con el menor que disparó contra el congresista.

Martínez, oriunda de Barranquilla, Atlántico, figura en bases de datos como persona vinculada a la distribución de sustancias psicoactivas, específicamente tusi, en la ciudad de Bogotá.

Adicionalmente, se indaga su posible actividad en plataformas digitales de contenido para adultos, como parte de un entorno económico que habría facilitado su vinculación con estructuras delictivas.

Por los hechos ocurridos, la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y utilización de menores de edad en la comisión de delitos. Pese a las imputaciones, la detenida no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías.

El menor de 14 años, capturado poco después del atentado, fue señalado como el autor material de los disparos. Durante su interrogatorio, el adolescente habría confesado que recibió el arma de una mujer al interior de un automóvil y que actuó por encargo, aunque también afirmó que desconocía a profundidad los motivos del encargo.

El testimonio del menor se encuentra bajo reserva por tratarse de un procesado penal adolescente, pero ha sido considerado clave para vincular a otros presuntos partícipes.

Por su parte, la Fiscalía ha sostenido que alias el Costeño, presunto coordinador de la operación criminal, lidera una red sicarial dedicada a la comisión de delitos por encargo, en los que utiliza menores de edad para ejecutar los actos con el fin de disminuir la trazabilidad judicial y el impacto penal sobre los ejecutores materiales.

Durante la jornada de este martes, el ente acusador presentó ante un juez de control de garantías la solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra Katerine Martínez, con el argumento de que representa un riesgo para el desarrollo del proceso y la protección de la comunidad, dados los antecedentes del caso y la gravedad de los hechos imputados.

Con este avance, las autoridades buscan consolidar el caso penal contra los presuntos responsables del atentado que mantiene en estado de máxima gravedad al congresista Miguel Uribe Turbay, quien fue sometido recientemente a un procedimiento neuroquirúrgico debido a complicaciones derivadas de los impactos recibidos.

La investigación continúa activa con el objetivo de identificar el origen del arma, que según se ha establecido preliminarmente, proviene del estado de Arizona, en Estados Unidos, así como de esclarecer la totalidad de la cadena de mando y financiación de la operación.

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