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Imputado por atentado a Miguel Uribe vendió celular clave para desviar investigación
Otros detalles de la organización que atentó contra el senador del Centro Democrático.

La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento del atentado armado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.
En desarrollo de las pesquisas judiciales, se confirmó la detención de William Fernando Cruz González, identificado con los alias de ‘El Hermano’ o ‘El Viejo’, a quien las autoridades señalan de haber tenido un rol operativo en la coordinación del ataque y de facilitar la fuga de los autores materiales del hecho.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Cruz González habría cumplido funciones clave en la estructuración logística del atentado.
Las evidencias recaudadas por los investigadores lo vinculan con la selección del menor de 15 años que accionó el arma de fuego contra el senador y con el apoyo prestado a dos personas identificadas con los alias de ‘Costeño’ y ‘Gabriela’ para abandonar el lugar de los hechos.
El ataque fue ejecutado en inmediaciones del parque El Golfito, zona aledaña al sitio donde el congresista realizaba actividades de carácter público.
En la audiencia preliminar celebrada el viernes 20 de junio, un juez de control de garantías legalizó la captura de Cruz González, aunque este no aceptó los cargos formulados en su contra.
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El juez determinó imponerle medida de aseguramiento intramural, por lo cual permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial.
Los delitos que se le imputan incluyen tentativa de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de ilícitos, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, y alteración u ocultamiento de evidencia.
Uno de los hallazgos revelados durante la diligencia judicial se refiere a la venta de un teléfono celular presuntamente utilizado para la coordinación del ataque.
Según el ente acusador, Cruz González habría comercializado el dispositivo posterior al atentado con la intención de desviar el curso de las investigaciones y dificultar la trazabilidad de las comunicaciones entre los implicados.
La Fiscalía sostiene que esta acción no fue un hecho aislado, sino que hizo parte de una estrategia más amplia de encubrimiento, cuya finalidad era eliminar elementos materiales probatorios que permitieran vincular a los responsables con el intento de homicidio.
Las autoridades también indicaron que el detenido habría estado en las cercanías del lugar del atentado al momento de su ejecución, desempeñando funciones de acompañamiento logístico a los agresores.
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