Corte Constitucional exige garantizar alimentación en centros de detención transitoria a partir de julio

La Corte Constitucional advirtió sobre una posible crisis humanitaria en los centros de detención transitoria del país si no se toman medidas urgentes para garantizar el suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad. En un Auto emitido este 20 de junio de 2025, el alto tribunal exigió al Ministerio de Justicia reformular de manera inmediata el plan de contingencia, al considerar que presenta fallas graves en su diseño y ejecución.

“Debe presentarse un plan con medidas específicas, verificables, articuladas y financiadas que aseguren la prestación del servicio sin interrupciones a partir del 1 de julio”, señaló la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

La advertencia se produce en un contexto de hacinamiento crítico en el sistema carcelario colombiano, que ha obligado a usar estaciones de policía y calabozos de la Fiscalía como centros de reclusión temporal. Esta situación ha agravado las condiciones de vida de los detenidos, incluyendo la falta de acceso regular a la alimentación.

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En el Auto 897 de 2025, la Corte también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ejecutar los traslados de personas ya condenadas que aún permanecen en centros transitorios, con el fin de descongestionar estos espacios y mejorar la atención de quienes aún no han recibido sentencia.

Adicionalmente, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República a dar trámite prioritario a los proyectos de ley que buscan prorrogar la competencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pieza clave en la operación logística del sistema carcelario.

La Corte recordó que la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad no puede ser postergada. "El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de dignidad, entre ellas, el acceso a una alimentación adecuada y continua", enfatizó.

Con esta decisión, el alto tribunal lanza una nueva alerta sobre la profunda crisis estructural del sistema penitenciario colombiano, cuya solución, recalca, no puede seguir siendo postergada.

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