Gobierno Petro autoriza extradición de ‘Pipe Tuluá’

Mientras el Gobierno de Gustavo Petro anunció acercamientos exploratorios para evaluar un posible diálogo de paz con la banda criminal La Inmaculada, también autorizó la extradición de su máximo jefe: Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. El cabecilla, condenado en Colombia a 30 años de prisión por 46 homicidios, es solicitado por la Corte Distrital del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con tráfico de cocaína, fabricación de más de cinco kilogramos de esta sustancia y envío del estupefaciente hacia Estados Unidos.

La decisión quedó en firme mediante la Resolución 440 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. En el documento se establece que Marín Silva deberá comparecer ante la justicia estadounidense por los cargos contenidos en la acusación del 11 de septiembre de 2024, en la que se le señala como integrante de una red dedicada al envío de cocaína a territorio norteamericano.

Le puede interesar (Presidente Petro autoriza diálogos exploratorios con La Inmaculada)

Actualmente, Pipe Tuluá permanece recluido en la estación policial de Los Mártires bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades determinaron que el Inpec no ofrecía garantías suficientes para mantenerlo en la cárcel La Picota, debido a su condición de líder de la estructura criminal que opera en Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca.

El cabecilla había intentado frenar su extradición buscando ser reconocido como gestor de paz, pero la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega a Estados Unidos. Según su defensa, la decisión aún no ha sido notificada formalmente.

La extradición abre interrogantes sobre con quién adelantará los acercamientos el director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, autorizado por el Gobierno para liderar las conversaciones exploratorias, en medio de señalamientos recientes sobre presuntos vínculos de esa entidad con disidencias de las Farc.

La entrega de Pipe Tuluá se produce también en un contexto de endurecimiento de la política antidrogas del Gobierno, que impulsa un proyecto de ley para penalizar el tráfico de fentanilo y adopta nuevas medidas tras la inclusión del mandatario y su círculo cercano en la ‘Lista Clinton’ y la descertificación de Washington en materia de lucha contra las drogas.

Otras noticias