Fiscalía reversa solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez por caso Miguel Uribe

La fiscal que había solicitado audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presunto prevaricato por omisión en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay, retirará la petición en las próximas horas. La decisión se da luego de que la funcionaria reconociera un error en el trámite del proceso.

Según se informó, la fiscal omitió que la investigación por el magnicidio había sido asignada previamente a un grupo de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación, por instrucción directa de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, lo que le restaba competencia para adelantar actuaciones de manera independiente.

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La medida se conoce después de que una fiscal seccional de Bogotá radicara la solicitud de imputación contra Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. Al funcionario se le señalaba de no haber atendido, presuntamente, 23 peticiones realizadas por el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio, hecho en el que posteriormente fue asesinado.

El freno al proceso no obedece a una falta de pruebas, sino a una disposición jerárquica que no fue tenida en cuenta. El pasado 11 de junio, la fiscal general de la Nación creó un grupo de tareas especiales con el fin de concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe.

Con la creación de este grupo especial, la fiscal seccional perdió la competencia para actuar de manera autónoma en el caso, razón por la cual deberá retirarse la solicitud de audiencia de imputación presentada contra el director de la UNP.

Tras el asesinato del precandidato del Centro Democrático, se generó una fuerte polémica sobre el nivel de protección que le fue asignado y si este fue suficiente frente a los riesgos que enfrentaba. Augusto Rodríguez, exintegrante del M-19 y cercano al presidente Gustavo Petro, ha estado en el centro de las críticas por las decisiones adoptadas en materia de seguridad.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, ha insistido de manera reiterada en que existió responsabilidad del Estado en el crimen. El penalista recordó que el año pasado un juez concluyó que al precandidato no se le brindó la atención necesaria por parte de las autoridades, lo que mantiene abierto el debate sobre las fallas en su esquema de protección.

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