Fiscalía alista imputación por lavado de activos contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, en el caso ‘La Patrona’

La Fiscalía General de la Nación prepara una audiencia de imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el empresario Jorge Moreno, fundador de la firma Montajes JM y padre de Laura Moreno, quien fue una de las procesadas en el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010 y posteriormente absuelta por la justicia.

Según revelaciones conocidas por la revista Cambio, el empresario fue vinculado por el ente investigador al entramado conocido como “La Patrona”, una estructura de defraudación tributaria que, entre 2006 y 2009, habría utilizado empresas fachada para simular operaciones comerciales inexistentes, emitir facturas falsas y disminuir la base gravable de múltiples compañías en Colombia, generando un perjuicio estimado en cerca de dos billones de pesos para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La estructura criminal fue liderada, de acuerdo con el expediente judicial, por Olga Lucía Díaz Guzmán, capturada años atrás y quien, tras colaborar con la justicia, identificó a varios beneficiarios del sistema ilegal.

Durante sus declaraciones, uno de los nombres señalados fue el de Jorge Moreno. En la investigación, su empresa Montajes JM, constituida en Yopal en 1997, aparece como una de las principales receptoras de facturas emitidas por nueve empresas de papel, por un valor total que ascendería a 121.076 millones de pesos.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se trataría de un patrón sistemático de comportamiento y no de un error contable aislado.

Las facturas habrían sido utilizadas para inflar gastos, reducir cargas tributarias y posteriormente legalizar los recursos a través del sistema financiero.

Los investigadores sostienen que este patrón constituye un mecanismo clásico de lavado de activos, en tanto busca otorgar apariencia de legalidad a dineros que no tienen soporte real.

También señalaron que la operación reiterada con las mismas compañías, en fechas y montos coincidentes, constituye un indicio clave de que se trataba de una práctica deliberada.

La Fiscalía sostiene además que el crecimiento patrimonial del empresario no estaría justificado con los ingresos legales reportados, lo que abriría la puerta a una segunda imputación por enriquecimiento ilícito.

Este tipo de conducta, según el ente acusador, trasciende la discusión administrativa y debe ser procesada en sede penal, dadas las restricciones que la ley establece para los delitos de mayor impacto económico y social.

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El pasado 19 de enero de 2026 se programó una audiencia para la formulación de cargos, pero no pudo realizarse debido a una excusa médica presentada por Moreno.

Durante esa diligencia frustrada se llevó a cabo un intercambio entre los abogados defensores y los representantes del ente acusador.

El abogado Héctor Escobar, apoderado del empresario, propuso abordar el proceso desde la vía administrativa, advirtiendo que una imputación penal traería consecuencias inmediatas como la congelación de cuentas, la afectación de operaciones bancarias y una posible quiebra de la empresa, lo que, según dijo, impediría a Montajes JM cumplir los acuerdos de pago que ya se habían suscrito con la Dian.

En su intervención, Escobar señaló que llevar el proceso al ámbito penal afectaría no solo a su representado sino a la recuperación fiscal que adelanta el Estado. “Al final, la Dian se va a quedar sin el pan y sin el queso”, afirmó, de acuerdo con una grabación citada por Cambio.

Argumentó que la empresa mantiene sus operaciones activas, genera empleo y ha suscrito compromisos con entidades financieras para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

El fiscal a cargo del proceso respondió que no es posible una salida administrativa, dado que los elementos materiales probatorios reunidos indican la presunta comisión de delitos penales.

Reiteró que, en casos de lavado de activos, no se pueden aplicar mecanismos de terminación anticipada distintos a la aceptación de cargos.

Agregó que la responsabilidad del ente acusador es formular imputaciones cuando las evidencias superan los umbrales establecidos en la ley.

Otro de los abogados de la defensa, Jesús Albeiro Yepes, expresó su inconformidad con la exposición pública del caso.

Recordó que el expediente goza de reserva legal y que su divulgación a través de medios de comunicación podría configurar una violación del derecho al debido proceso.

Rechazó que se haga mención directa a su representado en investigaciones en curso, al considerar que no ha sido vencido en juicio ni declarado responsable por autoridad competente.

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