Familia de niña Valeria Afanador pide imputación a rectora y dos docentes por homicidio agravado

La familia de Valeria Afanador pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con la imputación formal de cargos contra tres miembros del cuerpo docente del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución donde la menor cursaba estudios al momento de su desaparición.

El abogado que representa a los familiares, Julián Quintana, radicó una solicitud estructurada de 68 páginas en la que solicita la judicialización por el delito de homicidio agravado en modalidad dolosa.

De acuerdo con lo expuesto en la petición, los señalados serían la rectora de la institución, Sonia Inés Ochoa, así como los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla.

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Según el abogado, los tres habrían incurrido en omisiones que comprometieron el deber de protección y vigilancia que les correspondía legalmente frente a la integridad de los estudiantes, en especial de la menor fallecida.

La solicitud de imputación argumenta que la rectora, como máxima autoridad del plantel, omitió adoptar medidas eficaces para garantizar condiciones mínimas de seguridad dentro de las instalaciones.

En particular, se señala que conocía deficiencias en los protocolos internos de monitoreo y protección, pero permitió que persistieran sin adoptar correctivos. La omisión de controles y supervisión en zonas de circulación libre habría favorecido la ocurrencia del hecho fatal, indica el documento.

En lo que respecta a la profesora Emely Viviana Fuentes, se plantea que permitió la salida de la menor del aula en un horario no autorizado, sin activar las alertas correspondientes ni verificar su destino.

A juicio del abogado, esta actuación transgredió deberes funcionales establecidos para la custodia de los menores bajo su responsabilidad directa.

Por su parte, Diego Orlando Pinzón, también docente, habría presenciado a la menor desplazándose por fuera del aula en momentos no permitidos, sin emprender acción alguna frente a la anomalía advertida.

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El jurista señaló que los elementos probatorios recaudados hasta el momento por la Fiscalía permiten concluir que las personas mencionadas omitieron acciones exigibles para salvaguardar la vida de la menor, pese a estar en posición de garante.

Sostiene que tal omisión elevó el nivel de riesgo al que estaba expuesta Valeria Afanador y que dicho riesgo se concretó con su fallecimiento.

La expectativa del abogado y de la familia de la niña es que la Fiscalía fije audiencias de imputación en un plazo razonable y continúe con el proceso judicial correspondiente.

Valeria Afanador fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2025. Dieciocho días después, su cuerpo fue hallado en la ribera del río Frío, en una zona rural del municipio de Cajicá conocida como Fagua, a aproximadamente 346 metros de distancia del colegio al que asistía.

El hallazgo fue posible gracias a la alerta de un habitante de la zona, quien notificó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida en inmediaciones del afluente.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un dictamen en el que se determinó que la causa de muerte fue sumersión por ahogamiento.

El examen forense concluyó que la menor aspiró e ingirió agua con residuos propios del ecosistema pantanoso, lo cual condujo a su deceso.

El estudio indicó también que el cuerpo no presentaba signos de violencia física ni cortes en la ropa, y que los fenómenos cadavéricos observados son compatibles con la fecha de desaparición.

El informe pericial añadió que Valeria estuvo en contacto constante con agua y material biológico en descomposición durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la muerte ocurrió en un momento cercano a su salida del colegio, lo cual refuerza los señalamientos de responsabilidad por parte de quienes tenían el deber de evitar ese desenlace.

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