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Familia de Miguel Uribe presenta queja ante la CIDH por declaraciones del abogado de Petro
El abogado Víctor Mosquera denunció ante la CIDH presunta desinformación y revictimización por parte del apoderado del presidente Gustavo Petro.

El abogado Víctor Mosquera, representante judicial de la familia de Miguel Uribe Turbay, interpuso una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente Gustavo Petro y de su hijo, Nicolás Petro. La acción se produce tras las declaraciones realizadas por Carranza ante ese organismo internacional, en las que denunció una presunta intromisión del Ejecutivo en la investigación por el crimen de Uribe.
En el documento presentado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazó categóricamente las afirmaciones del penalista Carranza, quien habría sostenido una reunión con la CIDH.
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“Las declaraciones del señor Carranza, en las que denuncia una supuesta ‘agenda política’ y una ‘instrumentalización’ del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, constituyen un acto grave de desinformación y revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana”, señala el documento.
La queja será presentada mediante una protesta formal, en la que se solicita a la CIDH tomar nota de las declaraciones que, según la familia Uribe, buscan distorsionar la verdad y manipular el contexto judicial del caso. En ese sentido, la defensa recordó que el homicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, fue catalogado como un crimen de lesa humanidad y representa un atentado contra la libertad política y el Estado de Derecho.
“El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos”, enfatiza el documento, al tiempo que cuestiona que, presuntamente, se pretenda “distractar a la opinión pública de los procesos judiciales que involucran al hijo del mandatario” mediante señalamientos falsos sobre la existencia de “narrativas en contra del Presidente”.
Con esta actuación, la defensa de la familia Uribe busca que la CIDH verifique la veracidad y pertinencia de las declaraciones presentadas ante ese organismo y garantice que no se vulneren los derechos de las víctimas ni se politice el curso de la investigación internacional por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial.
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