Familia de Miguel Uribe lleva a la CIDH su denuncia contra abogado de Petro

La familia del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 7 de junio en Bogotá, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Gustavo Petro. Según los familiares, sus declaraciones durante una audiencia en Washington fueron “revictimizantes y desinformativas”.

Carranza, quien asistió a la audiencia como abogado personal de la familia Petro, aseguró que existe “una instrumentalización del caso del magnicidio de Uribe Turbay” y advirtió sobre “una agenda política que busca erosionar la unidad nacional”. Además, señaló que la Fiscalía y algunos medios estarían usando el caso “para atacar al presidente”.

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Estas afirmaciones generaron rechazo inmediato de los representantes de la familia, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que calificó las palabras del abogado como “una falta de respeto a las víctimas” y un intento por relativizar la gravedad de un crimen que, aseguran, tiene connotaciones de lesa humanidad.

“La familia Uribe Turbay no permitirá que este caso se use con fines políticos. Lo que exigimos es verdad, justicia y garantías de no repetición”, señaló el abogado Víctor Mosquera en un comunicado, en el que además informó que se solicitaron medidas cautelares a la CIDH por considerar que las declaraciones de Carranza pueden causar un daño irreparable.

Durante su intervención, el apoderado de Petro también mencionó que se ha intentado vincular al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, al atentado, lo que incrementó la tensión en torno al caso y abrió un nuevo frente de controversia política.

Mientras tanto, en Colombia continúa el proceso judicial por el asesinato del senador. Seis personas permanecen vinculadas a la investigación, aunque aún no se ha identificado a los autores intelectuales.

El pasado 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sanción de siete años de privación de la libertad para el menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay. La medida deberá cumplirse en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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