Exvicepresidenta se defiende por señalamientos en millonario negocio de venta de aviones de guerra

En un contexto de creciente agitación política, Marta Lucía Ramírez, la ex vicepresidente y ex canciller en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, emitió recientemente un comunicado oficial defendiéndose de las acusaciones de corrupción lanzadas contra ella. 

Este es el último capítulo de una serie de eventos que han envuelto a la política colombiana y al sector de la aviación militar italiana en un turbio escándalo.

En el centro del vendaval de acusaciones está el trato de venta de naves y aviones de guerra a Colombia, que según las fuentes, involucra a dos importantes empresas italianas. Marta Lucía Ramírez, quien ocupó importantes cargos en el gobierno de Duque, ha sido implicada en el caso, junto al exprimer ministro italiano Massimo D’Alema, cuya participación también está siendo examinada por la Fiscalía de Nápoles. La cifra en cuestión que envuelve el supuesto entramado de corrupción alcanza los 80 millones de euros.

"No debe haber investigación en mi contra", declaró Ramírez en su comunicado oficial, detallando su posición y defendiéndose ante las acusaciones. 

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De acuerdo con la ex vicepresidenta, durante su tiempo en la administración Duque, su función no abarcaba la responsabilidad o competencia en cuanto a la adquisición de aviones o equipos militares. Por ende, niega haber participado en reuniones o encuentros con empresas de la industria de la seguridad, tarea que estaba a cargo del Ministerio de Defensa.

En una declaración Ramírez remarcó que el entonces Ministro de Defensa, Diego Molano, refutó la existencia de cualquier negociación o contratos de compra de aviones de combate con compañías italianas. 

En relación con las afirmaciones de que D’Alema estaba buscando establecer contacto para proponer la venta de aeronaves al gobierno colombiano, Ramírez fue enfática en manifestar que dicha propuesta nunca se materializó.

"Si hubo esa intención de parte del señor D’Alema, ese interés se frustró y jamás me reuní con él", aseguró Ramírez, aludiendo a que no está familiarizada con D’Alema ni con sus supuestos asociados implicados en el escándalo.

El escándalo ha causado revuelo en Colombia y más allá, con algunos criticando la respuesta de Ramírez como defensiva. Sin embargo, ella mantiene que no hay fundamentos para una investigación formal en su contra, y acusa a ciertos sectores de intentar "desinformar". 

Según Ramírez, "cualquier acusación de corrupción que tenga pruebas o indicios suficientes debe investigarse en cualquier tiempo", y abogó por la imparcialidad de la justicia, independientemente del cargo que ocupe la persona vinculada a un supuesto delito.

Ramírez finalizó su comunicado subrayando que nunca se encontrará en su vida pública o privada algún hecho o acción oscura e ilegal. Criticó a los medios de comunicación que amplificaron las noticias de las acusaciones, sin realizar, según ella, la debida investigación o consultar su versión de los hechos. 

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