De “su amigo en el camino” al búnker de la Fiscalía: el recorrido y la caída del general (r) Rodolfo Palomino

El nombre de Rodolfo Bautista Palomino López volvió al centro de la agenda judicial: el exdirector de la Policía Nacional, célebre por su campaña “Palomino, su amigo en el camino” cuando comandó la Policía de Tránsito, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia y permanece en el búnker de la Fiscalía para hacer efectiva una condena de siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

La decisión cierra un ciclo en la carrera del oficial retirado, que durante casi cuatro décadas acumuló condecoraciones, cargos de mando y resultados operativos, pero también protagonizó uno de los mayores escándalos internos en la historia reciente de la institución: el caso de la llamada “comunidad del anillo” y los cuestionamientos por incremento injustificado de patrimonio e interceptaciones ilegales a periodistas.

Rodolfo Palomino nació el 4 de noviembre de 1957 en Bolívar, Santander, en una familia de origen rural. El propio oficial ha relatado que, siendo niño, vendía atados de cebolla y zanahoria en la plaza del pueblo y que estudió interno en San Gil antes de ingresar a la Policía.

En 1978 entró a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y se graduó como subteniente en el curso “Luis López Mesa”. Luego pasó por la Escuela de Carabineros y comenzó una carrera que lo llevaría por estaciones y comandos en varios departamentos, entre ellos Bolívar, Caldas y Sucre.

Paralelo a la carrera policial estudió Derecho en la Universidad La Gran Colombia, título que obtuvo cuando ya era capitán. Más adelante cursó programas de altos estudios en defensa y seguridad, en particular el Curso Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

En total, Palomino permaneció 38 años en la institución y llegó al grado de general. Para 2016 su hoja de vida registraba 95 condecoraciones y 110 felicitaciones especiales, además de formación como experto en tiro y paracaidista profesional.

El salto a la visibilidad nacional se produjo cuando asumió la Policía de Tránsito y Transporte. En 2007 fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y, tras ese paso, se le encargó la dirección de Tránsito y Transporte, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011.

Durante esa etapa, la institución desplegó una intensa campaña comunicativa en carretera, apoyada en controles a la velocidad, prevención de siniestros viales y presencia permanente de uniformados en los principales corredores del país.

La frase “Palomino, su amigo en el camino” se convirtió en el sello de esos mensajes y en un eslogan que se instaló en la opinión pública entre 2007 y 2011, al punto de asociar su apellido con la seguridad en las vías.

Esa exposición mediática, sumada a los resultados operativos en materia de control del transporte, abrió el camino para otros encargos: fue director de Seguridad Ciudadana, coordinador del programa “Departamentos y Municipios Seguros”, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y, finalmente, subdirector y luego director general de la Policía Nacional.

Ya como director de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde 2013 hasta febrero de 2016, Palomino encabezó la implementación de las estrategias operativas del llamado “Plan Corazón Verde”, orientadas a desarticular estructuras del crimen organizado, combatir el hurto, la extorsión, la piratería terrestre, el microtráfico y los delitos informáticos, entre otros frentes.

Bajo su mando, la Policía reportó reducciones significativas en los homicidios durante 2014 y 2015. Informes oficiales y balances divulgados entonces por la institución y por medios nacionales señalaron que 2014 fue uno de los años menos violentos en varias décadas y que diciembre de ese año registró cifras históricas a la baja.

En 2015, el propio Palomino destacó reducciones en los homicidios en ciudades como Cali —del orden del 15 % frente al año anterior, según sus declaraciones— y habló de disminuciones de más del 30 % en las muertes violentas durante la noche de fin de año en todo el país, de acuerdo con los reportes de la institución.

Durante su gestión también se impulsaron operaciones contra bandas dedicadas a la piratería terrestre, al hurto de mercancías en carretera y al contrabando, así como acciones coordinadas contra estructuras de narcotráfico, secuestro, extorsión y crimen organizado urbano.

Esos indicadores, recogidos en documentos de planeación estratégica de la Policía, presentaban un aumento en el número de organizaciones desarticuladas y cabecillas capturados.

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Esa narrativa de resultados convivía, sin embargo, con una creciente controversia por el manejo interno de la institución y por señalamientos que terminaron por costarle el cargo.
Escándalos, investigaciones y caída del director

En febrero de 2016, el procurador general Alejandro Ordóñez abrió investigación formal contra el entonces director general de la Policía por tres frentes: presunto incremento patrimonial injustificado, supuestas interceptaciones ilegales y seguimientos a periodistas, y la posible existencia de una red de prostitución masculina al interior de la institución, bautizada mediáticamente como “la comunidad del anillo”.

Las pesquisas disciplinarias se apoyaron, entre otros elementos, en declaraciones de oficiales y suboficiales que denunciaron una estructura de explotación sexual con participación de alféreces de la Escuela General Santander y en denuncias sobre “chuzadas” a periodistas críticos de la institución.

En ese contexto, y en medio de una fuerte presión mediática y política, Palomino pidió la baja del servicio activo y renunció a la Dirección de la Policía en febrero de 2016.

Años después, en enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos.

El fallo disciplinario no lo declaró responsable por la supuesta red de prostitución, sino por haber sido “determinador” de una reunión en la que se ejerció presión sobre un oficial para que se retractara de un oficio en el que había formulado imputaciones de acoso laboral y sexual en su contra, hechos que dieron origen al escándalo de la “comunidad del anillo”.

En enero de 2023, la Procuraduría dejó en firme esa sanción al negar los recursos del general retirado, de manera que la destitución y la inhabilidad quedaron ejecutoriadas.

Ya en marzo de 2025, el Ministerio Público archivó otras investigaciones disciplinarias contra Palomino relacionadas directamente con la “comunidad del anillo”, las presuntas interceptaciones a periodistas, corrupción y posible enriquecimiento ilícito.

La decisión se sustentó en la prescripción de los hechos —ocurridos entre finales de los años noventa y 2009— y en la falta de elementos probatorios suficientes para vincularlo con esas conductas.

Es decir, mientras la sanción por presionar a un subalterno se mantiene, los procesos disciplinarios por la red de prostitución y las “chuzadas” quedaron cerrados en vía disciplinaria por razones de tiempo y prueba, sin pronunciamiento de responsabilidad de fondo sobre esos señalamientos.

El caso por tráfico de influencias: el ganadero, la fiscal y el audio

El capítulo que hoy lo lleva a prisión tiene otro origen. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó en agosto de 2025 como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público, por hechos ocurridos en febrero de 2014, cuando era director general de la Policía Nacional.

Según la sentencia y los documentos judiciales del caso, Palomino se trasladó en compañía del entonces director de la Dijín, general Jorge Enrique Rodríguez, a la residencia de la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño, quien tenía a su cargo una investigación contra el ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba, vinculado a procesos por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y despojo de tierras en la región de Tulapas, en alianza con estructuras paramilitares.

En esa visita, registrada en un audio de 47 minutos grabado por la propia fiscal, el entonces director de la Policía habría solicitado suspender o aplazar la orden de captura que se preparaba contra Gallo.

Para ello, de acuerdo con el fallo, resaltó la “importancia social” del investigado, sus donaciones y sus vínculos con figuras como el expresidente Andrés Pastrana y el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno, y advirtió sobre el impacto que la captura podría tener en esas relaciones.

La Corte consideró probado que el general retirado utilizó indebidamente su cargo para influir sobre una funcionaria de la Fiscalía, con el propósito de obstruir un procedimiento de captura y favorecer a un tercero, lo que encajó en la figura de tráfico de influencias del artículo 411 del Código Penal.

La prueba central fue el testimonio de la fiscal Velásquez y la grabación de la conversación, que el alto tribunal calificó como legal al tratarse de una grabación hecha por una de las partes de la charla

Por esos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia lo condenó a siete años y un día de prisión, además de otras sanciones accesorias.

La defensa interpuso recursos, pero la decisión quedó en firme en 2025 y la Corte Suprema fijó fecha para la lectura integral del fallo, en medio del debate público sobre el alcance del precedente que deja el caso para el manejo de influencias de altos mandos sobre operadores judiciales.

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