Corte Suprema absuelve a exgobernadora del Putumayo por desastre que dejó 300 muertos

La Corte Suprema de Justicia, en una decisión unánime, absolvió a Sorrel Aroca, exgobernadora de Putumayo, de los cargos imputados por el desastre natural ocurrido en Mocoa en 2017. 

Este fallo cierra un capítulo legal en el cual Aroca enfrentaba acusaciones por el delito de homicidio agravado. La tragedia en cuestión resultó en la pérdida de más de 300 vidas debido a una avalancha devastadora que sacudió Mocoa en la noche del 31 de marzo de 2017.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, tras un exhaustivo análisis, concluyó que no existían suficientes pruebas para establecer que Aroca tuviera conocimiento previo del desastre, a pesar de un informe de interventoría que se mencionó durante el proceso. 

La Fiscalía, por su parte, había argumentado que, como gobernadora, Aroca debía garantizar la gestión del riesgo de desastres en el departamento. Sin embargo, la Corte determinó que las responsabilidades atribuidas a Aroca no correspondían con las competencias de su cargo en el momento del desastre.

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En su fallo, el tribunal expresó que las acciones u omisiones que se le reprocharon a Aroca excedían las funciones y capacidades inherentes a su posición como gobernadora. 

Además, la Corte destacó la necesidad de que las autoridades políticas y administrativas, tanto a nivel nacional como territorial, tomen medidas efectivas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y la infraestructura en zonas de alto riesgo.

El 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, el municipio colombiano de Mocoa, la capital del Departamento del Putumayo, se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudió al país y al mundo entero. 

Fuertes lluvias desencadenaron el caos cuando los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, junto con las quebradas La Taruca y La Taruquita, se desbordaron de manera catastrófica. 

Lo que siguió fue una Avenida Fluvioterrencial que asoló varios sectores de la ciudad y dejó un rastro de destrucción a su paso, arrastrando viviendas, puentes y vehículos.

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La magnitud de la tragedia fue inimaginable: diecisiete barrios de la ciudad fueron arrasados, de los cuales cinco quedaron completamente destruidos. 

Las cifras iniciales fueron impactantes, con más de 300 personas reportadas como fallecidas y más de 400 heridas. Sin embargo, el recuento oficial de 200 desaparecidos dejó entrever la verdadera dimensión de la catástrofe.

Lo que hacía aún más devastadora esta tragedia era la falta de datos precisos en muchos de los barrios afectados, que no habían sido debidamente censados y no formaban parte de las estadísticas habituales de la ciudad. 

Gracias a las entrevistas con los sobrevivientes de estos barrios "desconocidos," las cifras de muertos y desaparecidos se dispararon, con algunos mocoanos afirmando que el número de fallecidos podría acercarse a los 2.000 y el de desaparecidos superar los 200.

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El 31 de marzo de 2017, alrededor de las 9:30 p.m., comenzó una lluvia que, aunque común en la región debido a su extensa área verde, se prolongó inusualmente. A las 11:30 p.m., la quebrada Sangoyaco comenzó a desbordarse, dividiendo su caudal en tres partes. 

El barrio San Miguel quedó sepultado bajo toneladas de rocas y escombros, marcando la peor tragedia registrada en el Departamento del Putumayo. Niños quedaron huérfanos, gatos se quedaron sin dueño y muchas vidas quedaron atrapadas bajo el lodo cuando amaneció el 1 de abril.

El desbordamiento de la quebrada arrastró diecisiete barrios, incluyendo San Miguel, La Esmeralda, Laureles, Altos del Bosque, San Fernando, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio, San Agustín, El Carmen, y más. Además, dos puentes se desplomaron bajo la fuerza de la corriente.

El desastre no solo causó una tragedia humana, sino que también provocó el colapso de las telecomunicaciones, daños en las calles y la incomunicación de Mocoa con otras regiones del Departamento del Putumayo, el vecino Departamento del Huila y el resto del país debido a múltiples derrumbes. 

Las avenidas torrenciales derribaron las redes eléctricas y afectaron la generación de energía hidroeléctrica local, dejando a otras zonas del departamento, como el medio y bajo Putumayo, sin electricidad. Las tomas de agua del acueducto también sufrieron daños severos.

El saldo final fue aterrador: más de 330 muertos, 400 heridos y un número incierto de 300 desaparecidos, según los organismos de socorro, incluyendo la Cruz Roja. El gobierno nacional declaró el estado de calamidad en la zona.

La pesadilla no terminó con la inundación. El 5 de abril de 2017, se encontraron más de 62 cuerpos en las aguas del río Caquetá, lo que afectó gravemente el suministro de agua potable en el municipio de Puerto Guzmán y los municipios vecinos del Departamento del Caquetá, como Solita, Curillo y Solano. Este se convirtió en uno de los mayores desastres de la historia del país, con un gran número de vidas perdidas y una comunidad profundamente herida que aún se esfuerza por recuperarse.

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