Contraloría y Procuraduría crean comisión especial para vigilar crisis financiera en subsidios de energía y gas

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación conformaron una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, como parte de las acciones urgentes para enfrentar la creciente preocupación por la sostenibilidad de los servicios públicos de energía y gas. 

Este mecanismo de vigilancia se centrará en monitorear las problemáticas estructurales del sector, especialmente la mora del Gobierno Nacional con las empresas prestadoras. Según el Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda estatal alcanza los $7,6 billones, de los cuales $2,7 billones corresponden a subsidios de energía, $3,3 billones a opción tarifaria, $1 billón a deudas de usuarios oficiales y $628 mil millones a subsidios de gas combustible.

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En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, los entes de control solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos un informe detallado sobre la situación de la empresa intervenida Air-e. El requerimiento incluye la entrega de información sobre actuaciones realizadas para garantizar la continuidad del servicio, el sustento normativo de la supuesta prohibición de coadministración en empresas intervenidas, el estado de los recursos del Fondo Empresarial y las medidas adoptadas para responder a la solicitud de $2,8 billones hecha por la Agente Especial de Air-e.

También se pidió claridad sobre las garantías exigidas para el desembolso de mutuos por $148.000 millones y los resultados de inspección y vigilancia de la prestación del servicio por parte de Air-e. 

En cuanto a los subsidios, se exigió información sobre los controles ejercidos sobre los recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y sobre cómo se garantiza la confiabilidad y oportunidad de los datos reportados al Sistema Único de Información (SUI).

En paralelo, la Contraloría presentó el estudio “Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024”, en el que advierte sobre deficiencias en la asignación y sostenibilidad de los subsidios. El documento plantea la necesidad de revisar el sistema de estratificación y alerta sobre las consecuencias de no implementar ajustes urgentes, que podrían afectar las finanzas públicas y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra hizo un llamado al ministerio de Minas para que agilice la ejecución de las acciones correctivas en la gestión de subsidios. Aseguró que la falta de una solución integral puede comprometer la prestación de los servicios públicos, impactar la calidad de vida de millones de colombianos y poner en riesgo la seguridad energética del país.

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