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Cierran proceso contra Petro y mantienen sanción a exgerente del Acueducto por caso de basuras en Bogotá
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en el caso de la compra de camiones de basura en la alcaldía del hoy presidente de la República.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca puso fin al proceso fiscal que por años vinculó al presidente Gustavo Petro por presunto daño patrimonial en la implementación del modelo público de recolección de basuras en Bogotá, y al mismo tiempo decidió mantener la sanción contra Alberto José Merlano Alcocer, entonces presidente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
La decisión del alto tribunal deja sin efecto el fallo fiscal de la Contraloría Distrital, emitido en 2017, que señalaba a Petro como responsable solidario de un presunto perjuicio superior a 40.000 millones de pesos por la compra de camiones de basura durante su alcaldía. Según la ponencia del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, la sanción vulneró principios constitucionales y legales, entre ellos los establecidos en las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.
El fallo, que contó con concepto favorable del Ministerio Público, ordena a la Contraloría de Bogotá expedir un nuevo acto administrativo en un plazo de 30 días, una vez quede en firme la decisión. La medida cierra uno de los procesos judiciales más extensos relacionados con la gestión del actual presidente en el Palacio Liévano.
De forma paralela, el mismo Tribunal negó la solicitud de revocatoria presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la sanción impuesta a Alberto Merlano. El exgerente del Acueducto fue multado con 240 millones de pesos por su participación en el rediseño del esquema de aseo implementado en la administración Petro.
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Los magistrados César Geovanny Chaparro, Moisés Mazabel y Óscar Dimaté concluyeron que la SIC no demostró de manera suficiente las razones que justificarían revertir la sanción. Además, subrayaron que la revocatoria directa no es una medida discrecional, sino un mecanismo sujeto a control judicial, y que en este caso no se acreditaron las causales exigidas por la ley.
La Procuraduría Delegada ante el Tribunal también se opuso a la revocatoria, señalando la falta de documentos esenciales como el acta completa del comité de conciliación y la ficha técnica que sustentara la propuesta. Con esto, la multa contra Merlano se mantiene vigente.
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