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Caso UNP: Fiscalía pide enviar a prisión a exsubdirector por tráfico de drogas
Formó alianzas con grupos criminales para transportar cargamentos de drogas a lo largo del país, utilizando camionetas pertenecientes a la UNP.
Ronald Rodríguez Rozo, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), está bajo el cedazo de la justicia tras descubrirse supuestas conexiones con organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas. Rozo, quien fuera capturado a mediados de junio , se encuentra en el centro de un complejo escándalo que ha sacudido a la entidad encargada de garantizar la seguridad de los individuos en situación de riesgo.
La Fiscalía General presentó ante el juzgado 13 de control de garantías en Bogotá, una petición, dentro de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento m, para que Rozo enfrente el juicio en detención intramuros, argumentando que el exfuncionario representa un riesgo considerable para la sociedad.
Según el ente acusador Rozo, presuntamente, formó alianzas con grupos criminales para transportar grandes cargamentos de drogas a lo largo del país, utilizando camionetas pertenecientes a la UNP.
En medio de las acusaciones, la fiscal del caso señaló que Rozo "transgredió la ley de una manera clara y reiterada". Según ella, Rozo utilizó su influencia como subdirector de la UNP para orquestar operaciones de tráfico de drogas, aprovechando vehículos blindados, incluyendo el suyo, para mover sustancias ilícitas.
La fiscal también afirmó que, si Rozo quedara en libertad, podría mantener la comunicación con las organizaciones de tráfico de drogas, lo que le permitiría continuar con las actividades delictivas.
Las acusaciones contra el exfuncionario surgieron el pasado jueves, cuando la Fiscalía General imputó a Rozo los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y peculado por uso. Frente a estas acusaciones, el exfuncionario se declaró inocente.
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Las investigaciones llevadas a cabo por el ente acusador, apuntan a que Rozo habría conspirado con Manuel Castañeda, un conductor, y con diversas organizaciones delictivas, para movilizar grandes volúmenes de cocaína en vehículos blindados. Dado que los automóviles estaban registrados a nombre de la UNP, es probable que se haya evitado la sospecha durante los controles en las carreteras.
El primer incidente que llamó la atención de las autoridades sobre Rozo tuvo lugar el 10 de diciembre de 2022. Ese día, las autoridades detuvieron a Manuel Castañeda en el departamento de Cauca con 168 kilos de cocaína empacados dentro del vehículo. Según la Fiscalía, este vehículo formaba parte del esquema de seguridad de Rozo.
En la línea de tiempo del ente acusador los primeros hechos documentados se registraron remontan al 6 de junio de 2022. En esa fecha, se ha confirmado que una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) transportó ilegalmente 20 kilos de cocaína desde La Plata, Huila.
Con un patrón de comportamiento similar, otros 150 kilos de la droga fueron transportados en otro vehículo. Posteriormente, se alega que la misma camioneta, asignada a Rodríguez Rozo, escoltó un camión que transportaba una tonelada de marihuana.
La operación clandestina fue finalmente expuesta en diciembre de 2022. En Caloto, Cauca, una camioneta asociada a Rodríguez fue interceptada, cargada con 150 kilos de cocaína. De acuerdo con el fiscal del caso, Rodríguez Rozo, empleado de la UNP, era responsable de proporcionar el medio de transporte para estas operaciones criminales, aprovechando su posición y acceso al parque automotor de la entidad.
Rodríguez Rozo, arrestado en su apartamento en el oeste de Bogotá, se ha declarado inocente de todos los cargos. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron 60 millones de pesos en una caja fuerte, sospechados de ser fruto de sus actividades delictivas.
En diciembre, se reveló que Rodríguez Rozo había trabajado anteriormente para el ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde fue detective en el área de protección durante varios años, al igual que Wilson Devia, otro empleado acusado de corrupción.
El DAS fue liquidado en 2011 tras un escándalo de intercepción ilegal de llamadas. Sus funciones de protección fueron transferidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde Rodríguez Rozo se convirtió en coordinador del área de seguimiento de medidas.
Con el tiempo, Rodríguez Rozo ascendió a la subdirección de la UNP, donde supervisó contratos de alto valor con proveedores de vehículos y personal de protección. El actual director de la entidad, Augusto Rodríguez, afirma que este es el epicentro de la corrupción dentro de la UNP.
El nombre de Rodríguez Rozo salió a la luz en 2014, cuando el entonces director de la UNP, Andrés Villamizar, denunció a 12 funcionarios de la entidad por presunta corrupción. Rodríguez Rozo fue implicado en estos hechos junto con los demás acusados.
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