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Acusan al general en retiro Ricardo Gómez Nieto por contratar a persona inhabilitada

El exdirector de la institución deberá enfrentar un juicio por presunta violación del régimen de inhabilidades, tras autorizar un contrato con una mujer que tenía restricción judicial para vincularse con el Estado.

el general en retiro del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 30/09/2025 - 13:29 Créditos: General en retiro del Ejército Nacional, Ricardo Gómez Nieto. Tomada de redes sociales

La Fiscalía General de la Nación acusó al general en retiro del Ejército Nacional Ricardo Gómez Nieto por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como director del Hospital Militar Central entre 2010 y 2013. Según el ente investigador, el oficial autorizó la contratación de una mujer que tenía una inhabilidad vigente para establecer vínculos laborales o contractuales con el Estado debido a una condena judicial.

De acuerdo con las pruebas, Gómez Nieto ordenó a la Dirección de Talento Humano materializar la vinculación a través del contrato de prestación de servicios número 038, fechado el 19 de mayo de 2010 y por un valor de 42 millones de pesos. La mujer fue designada como asesora del director general del hospital, pese a la restricción legal en su contra.

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La Fiscalía sostiene que, antes de formalizar la contratación, el oficial solicitó un concepto a la Procuraduría para intentar avalar la posesión de la contratista, aunque la dependencia consultada no tenía competencia para autorizar dicho trámite. El nombramiento, sin embargo, se ejecutó.

El caso será llevado a juicio bajo el cargo de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá programó la audiencia preparatoria para el próximo 19 de noviembre.

Las actuaciones de Gómez Nieto han sido cuestionadas por las fallas en los controles internos del Hospital Militar y por la omisión de los procedimientos de verificación exigidos para la contratación pública. Según el juez del caso, el general retirado no solo conocía la inhabilidad existente, sino que ejerció control sobre los funcionarios para concretar la firma del contrato.

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