Riesgos y retos del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones

En el Congreso de la República avanzó a último debate el proyecto de Reforma al Sistema General de Participaciones, un proyecto de acto legislativo que propone incrementar significativamente el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que deben transferirse a los entes territoriales. 

Este cambio implicaría una redistribución de responsabilidades entre el Gobierno Nacional y las regiones del país, aunque aún no se han definido con precisión las competencias que serían transferidas. En caso de no lograrse una compensación fiscal adecuada, la reforma podría generar importantes riesgos macroeconómicos derivados de un aumento en el gasto total del gobierno.  

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Un análisis del Grupo de Análisis Fiscal del Banco de la República, detalla los impactos potenciales de esta medida. Según el estudio, sin ajustes equivalentes en el gasto del Gobienro Nacional, el déficit fiscal podría pasar del 2.8% al 4.7% del PIB para 2038, y la deuda neta del Gobierno se incrementaría del 54.9% al 64.6% del PIB. Estos cálculos, conservadores en su base, excluyen impactos adicionales como el aumento en la prima de riesgo, la tasa de cambio y la actividad económica general.  

Efectos macroeconómicos y financieros  

El estudio proyecta que, en ausencia de un ajuste compensatorio en el gasto, la reforma podría reducir el PIB en un 11.6% para 2035, impulsada por caídas en el consumo y la inversión del 18% y 30%, respectivamente. 

Además, el gasto público sería 2.7% del PIB mayor al previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en gran parte debido a mayores costos de financiamiento. Esto llevaría la deuda pública al 83% del PIB, muy por encima del ancla fiscal actual del 55%.  

El impacto sería más severo si se considera la volatilidad de los ingresos corrientes de la nación, sobre los cuales se basarían las transferencias a los entes territoriales. Esta incertidumbre ya fue identificada en reformas previas, que optaron por ajustar las transferencias con base en un promedio móvil de crecimiento en lugar de datos anuales.  

Desafíos para los entes territoriales  

La capacidad administrativa de las regiones también plantea retos. Según el documento, muchas regiones carecen de la capacidad de gestión y ejecución para asumir de manera eficiente las competencias transferidas, lo que podría obligar al GNC a intervenir y asumir costos adicionales. Ejemplos actuales incluyen el financiamiento de vías terciarias y sistemas de transporte masivo.  

Asimismo, el proyecto limitaría la flexibilidad fiscal del país al exigir compartir nuevos ingresos tributarios con las regiones sin garantizar ahorros proporcionales por su parte. Esto dificultaría los ajustes fiscales en momentos de crisis, aumentando la vulnerabilidad de las finanzas públicas.  

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