Protesta en Valledupar contra empresa Afinia que puso calcomanía anticambio de medidores

En el contexto de las recientes actividades en Valledupar, donde la empresa de servicios públicos Afinia lleva adelante un programa de actualización de infraestructura eléctrica, un sector de la población ha iniciado una forma de protesta inusual. 

Residentes de distintos barrios han optado por el uso de calcomanías con el lema “Señores de Afinia, no autorizamos cambio de medidores” como método de disuasión contra la sustitución de los contadores de electricidad, parte fundamental del proyecto de normalización eléctrica impulsado por la entidad. 

Este programa busca mejorar la calidad del suministro eléctrico en el departamento, históricamente afectado por deficiencias en el servicio.

La iniciativa surge en respuesta a las acciones de Afinia, que según reportes de algunos habitantes, ha procedido a realizar cambios en el sistema de medición sin obtener previamente el consentimiento de los usuarios. 

Este descontento ha sido canalizado a través de la distribución y colocación de adhesivos en propiedades privadas, evidenciando una resistencia comunitaria al proyecto de la empresa. 

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La controversia gira en torno a especulaciones sobre los nuevos medidores, que según rumores, podrían afectar la precisión en el registro del consumo energético, perjudicando a los consumidores.

Líderes comunitarios como Juan Carlos Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Dariana, destacan que la medida surge como respuesta a prácticas consideradas arbitrarias por parte de Afinia hacia los usuarios. 

Por otro lado, voces como la de Agustín Rodríguez, líder de la JAC del barrio Villa Castro, cuestionan el trasfondo de estas acciones, sugiriendo que detrás de la venta de calcomanías podría esconderse un interés comercial más que un movimiento social genuino.

Desde la perspectiva de Afinia, representada por su gerente Jorge Rivero, el objetivo de las intervenciones es cumplir con los proyectos de normalización eléctrica para asegurar una mejora en el sistema de energía del departamento. 

Rivero enfatiza que las oposiciones a estas medidas podrían estar motivadas por intereses particulares, incluyendo la posibilidad de que algunos usuarios mantengan conexiones irregulares al servicio eléctrico, lo cual les llevaría a rechazar los nuevos contadores. 

Además, advierte sobre las consecuencias negativas de la resistencia a la actualización, que podría resultar en la suspensión de inversiones esenciales para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica local, afectando no solo la calidad del servicio sino también el empleo de cientos de trabajadores contratados para ejecutar las mejoras.

Este conflicto pone de relieve la complejidad de la gestión y modernización de servicios públicos en contextos donde la desconfianza entre usuarios y proveedores puede entorpecer iniciativas destinadas al bienestar común. 

La situación en Valledupar representa un caso emblemático de cómo las dinámicas locales y la comunicación entre partes interesadas son cruciales para el éxito de proyectos de infraestructura crítica.

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