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Ministro de Trabajo desmiente propuesta de Benedetti sobre salario mínimo
Antonio Sanguino aclaró que la fijación del salario mínimo para 2026 no depende de decisiones individuales, sino de la Comisión de Concertación, que evaluará indicadores económicos y el informe de la OIT antes de definir el monto.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso de las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que el salario mínimo en Colombia podría alcanzar los $1.800.000 en 2026. Sanguino desmintió la propuesta y recordó que el proceso de definición del salario está regulado por la Ley 278 de 1996, que establece mecanismos formales de concertación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
A través de su cuenta en X, el ministro fue enfático: “¡Que quede bien claro! Solo hasta el 1 de diciembre se instala la mesa de concertación del salario mínimo. En esta sesión, el DANE presentará las cifras del producto interno bruto hasta el tercer trimestre del 2025, las cuentas nacionales de transferencia y el estado del mercado laboral”.
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Sanguino explicó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es la única instancia autorizada para definir el monto del salario mínimo. Este espacio tripartito está conformado por representantes del Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras, y se reúne cada fin de año para acordar el ajuste que regirá a partir del primero de enero.
El titular de la cartera laboral precisó que los artículos 2 y 8 de la Ley 278 de 1996 asignan exclusivamente a dicha comisión la función de negociar el salario, con base en criterios técnicos como la meta de inflación, la productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el índice de precios al consumidor (IPC).
Además, Sanguino anunció que este año el proceso incluirá el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el concepto de “salario vital y móvil”, como lo contempla la Constitución colombiana. Este análisis busca garantizar que el ingreso mínimo asegure condiciones dignas para los trabajadores y mantenga equilibrio con la sostenibilidad económica.
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