Juan Pablo Córdoba deja el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tras dos años de participación

En un movimiento que marca una nueva etapa para el órgano técnico encargado de vigilar el cumplimiento de la sostenibilidad fiscal en Colombia, Juan Pablo Córdoba, primer presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), anunció su salida del equipo que desde su creación ha tenido la responsabilidad de evaluar la política fiscal del país con criterios técnicos y de largo plazo.

Córdoba integró el Comité desde 2022, año en que el organismo comenzó a operar formalmente tras su inclusión en el marco legal mediante la Ley 2155 de 2021.

Esta ley fortaleció el compromiso del Estado con la disciplina fiscal, estableciendo límites al déficit estructural que el Gobierno puede registrar anualmente, salvo en circunstancias extraordinarias definidas por la misma normativa.

La permanencia de Córdoba en el Carf coincidió con los primeros años de implementación de la regla fiscal reforzada, en un contexto de recuperación económica pospandemia y de debates intensos sobre la necesidad de mantener el equilibrio entre la inversión social y la responsabilidad fiscal.

Durante ese periodo, el Comité emitió conceptos técnicos dirigidos a los distintos gobiernos, instándolos a respetar los topes fijados por el marco fiscal de mediano plazo y a realizar ajustes ante escenarios de desbalance en los ingresos y gastos públicos.

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La regla fiscal, en su versión actual, fue diseñada como un instrumento legal que fija un límite cuantificable al déficit fiscal, entendido como la diferencia entre el gasto público y los ingresos del Estado.

Su propósito es evitar que los gobiernos incurran en desajustes estructurales que comprometan la sostenibilidad financiera del país.

El Comité actúa como ente independiente, sin poder vinculante, pero con legitimidad técnica para emitir alertas tempranas y recomendaciones.

Córdoba, economista con experiencia en el sector público y en el ámbito financiero, lideró al Comité en sus primeros pronunciamientos sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal de manera progresiva tras la suspensión temporal de la regla durante los años 2020 y 2021, cuando la pandemia de COVID-19 llevó al Gobierno a aplicar el mecanismo de escape contemplado en la ley.

Dicho mecanismo permite superar los límites del déficit en presencia de hechos excepcionales que alteren de manera sustancial las proyecciones macroeconómicas, como ocurrió durante la emergencia sanitaria global.

Durante su permanencia en el Carf, Córdoba fue parte de los análisis que acompañaron las reformas tributarias, las discusiones sobre sostenibilidad del gasto social y el seguimiento a las metas fiscales trazadas por el Ministerio de Hacienda.

Aunque el Comité no tiene funciones ejecutivas, sus conceptos han sido insumo fundamental para los debates técnicos y políticos sobre el manejo de las finanzas públicas.

La salida de Córdoba ocurre en un momento en que el país enfrenta una serie de desafíos fiscales. Entre ellos, el cumplimiento de la regla fiscal para los años 2025 y 2026, periodo que exige una reducción significativa del déficit estructural, así como la necesidad de fortalecer los ingresos del Estado ante una desaceleración en la actividad económica y una alta demanda por recursos sociales.

Aún no se ha anunciado quién ocupará el lugar que deja Córdoba en el Comité. La Ley 2155 establece que sus integrantes deben ser personas con reconocida trayectoria en materia económica, sin vínculos partidistas y con capacidad de emitir juicios independientes.

La composición del Carf contempla un grupo reducido de expertos con dedicación parcial, que actúan con autonomía frente al Ejecutivo y los entes políticos.

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