Ipse: denuncian contratos irregulares por $238.000 millones

En un nuevo escándalo que podría afectar al Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Alba Lucía Calderón Bueno, exsubdirectora de Contratos y Seguimiento del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), ha denunciado presuntas irregularidades en la ejecución de más de 238.000 millones de pesos en contratos. 

La denuncia fue inicialmente dada a conocer por la revista Semana, que también reportó que Calderón dejó su cargo en medio de estos señalamientos.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Calderón habría sido apartada de su puesto el 6 de agosto de 2024 debido a su negativa a seguir directrices que implicaban acciones irregulares en el manejo de contratos. 

Según sus declaraciones, dentro del Ipse se ejerce presión sobre los funcionarios que no acatan órdenes para favorecer contrataciones, lo que derivó en su destitución tras insistir en la necesidad de mayor transparencia en los procesos.

El 9 de agosto, Calderón presentó una denuncia formal ante Saúl Alberto Romero Piñeros, jefe de la Oficina de Control Interno del Ipse. 

En dicha denuncia, detalló cómo sus esfuerzos por garantizar un manejo responsable de los recursos fueron ignorados, y cómo esto afectó negativamente su trayectoria profesional. 

Calderón expresó que decisiones tomadas de manera arbitraria dentro del instituto perjudicaron su "buen nombre y trayectoria profesional".

En una reunión con el Ministerio de Minas y Energía, se informó que la ejecución presupuestal del Ipse era baja, ya que de los $282.305 millones asignados, quedaban por ejecutar 238.767 millones. 

Durante esa reunión se solicitó la implementación de un plan de acción inmediato para optimizar la utilización de los recursos durante el resto del año 2024.

En sus declaraciones, Calderón explicó que, durante una reunión con altos funcionarios del Ipse, incluido su director, Danny Fernando Ramírez Bastidas, propuso la formación de un comité de contratación que siguiera el manual de gestión del instituto. 

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Sin embargo, según Calderón, esta propuesta fue ignorada y solo se le pidió realizar un "estudio previo desde el componente técnico", omitiendo aspectos clave del proceso.

Calderón también señaló que la selección del contratista fue realizada por la Oficina Asesora Jurídica sin explicaciones claras sobre los criterios utilizados para dicha selección. 

Las contrataciones en cuestión fueron divididas en tres grupos, con un valor total de $63.375 millones.

En sus declaraciones, Calderón subrayó que el comité de contratación propuesto tenía como objetivo asegurar una mayor transparencia en los procesos. Sin embargo, dicho comité nunca fue convocado, y días después, recibió una resolución que la declaraba insubsistente en su cargo. 

Según la información proporcionada por Semana, a Calderón se le ofreció la posibilidad de renunciar, lo que ella interpretó como una maniobra para silenciar sus denuncias.

Por su parte, el sindicato Sintraminerales, a través de su secretario general, Jimmy Soto, también expresó su preocupación por la situación en el Ipse. 

Soto criticó la falta de rigor en los procesos administrativos y técnicos, y advirtió sobre el riesgo constante de corrupción debido a las presuntas acciones arbitrarias de la jefa de la Oficina Jurídica del instituto, a quien acusó de haber cooptado el poder administrativo y contractual, así como la gestión del talento humano.

El Ipse, en respuesta a las publicaciones, emitió un comunicado a través de la red social X (anteriormente Twitter), en el que anunció que respondería a las denuncias hechas públicas por el medio de comunicación.

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