Hallazgo fiscal por cerca de $600.000 millones en Fondo Empresarial de la Superservicios

La Contraloría General de la República emitió un concepto negativa sobre los estados financieros del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios correspondientes a la vigencia 2024. Este fondo, administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria y controlado por la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, presentó deficiencias críticas en su gestión contable y contractual.

El Fondo Empresarial fue constituido por la Superservicios como un instrumento para apoyar procesos de toma de posesión y liquidación de empresas prestadoras de servicios públicos. Su financiación proviene de múltiples fuentes, entre ellas ingresos por tarifas, multas, excedentes de la Superservicios, CRA y CREG, además de reintegros, pignoraciones y rendimientos financieros.

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Según el informe de auditoría financiera, se identificaron 10 hallazgos administrativos, de los cuales tres tendrían presunta incidencia fiscal por un valor de $593.737 millones. Estos hallazgos fueron remitidos para su evaluación dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

El caso más relevante involucra los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 firmados con Electricaribe, en los cuales no se aplicaron adecuadamente las cláusulas sobre plazos, actualizaciones según el IPC ni los intereses moratorios. 

Asimismo, los contratos Nos. 180 y 181 evidencian un incumplimiento similar, ya que el Fondo no ejecutó los procedimientos necesarios para garantizar el pago oportuno, como lo establecía la cláusula tercera que imponía un plazo máximo de 12 meses y el cobro de intereses moratorios.

La Contraloría advirtió que estas omisiones podrían haber comprometido la recuperación del capital prestado y, con ello, la sostenibilidad del Fondo como herramienta de respaldo a empresas intervenidas del sector de servicios públicos. 

También alertó sobre un debilitamiento estructural del control interno, al encontrar fallas en conciliaciones bancarias, pagos sin soporte, ausencia de garantías y mayor riesgo de impago, por lo que este fue calificado como un sistema “con deficiencias”.

Las conclusiones del ente de control evidencian riesgos significativos en la administración de recursos públicos destinados a garantizar la prestación continua de servicios esenciales en el país.

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