Gobierno ordena traslado de utilidades del FNA al Tesoro Nacional: ¿Peligra el ahorro de cesantías?

La junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó el traslado de una parte significativa de sus utilidades acumuladas al Tesoro Nacional, medida que ha despertado controversias legales y cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la misión institucional de la entidad.

La decisión, tomada con una votación de cuatro votos a favor y dos en contra, implica el uso de reservas que, según fuentes cercanas al proceso, se acercan a los 800.000 millones de pesos.

Aunque aún no se ha confirmado el monto exacto, la decisión se enmarca en la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer su capacidad presupuestal en el corto plazo.

La transferencia fue promovida desde el Grupo Bicentenario, holding estatal que agrupa a entidades financieras públicas, y respaldada por el Ministerio de Hacienda.

La propuesta llevaba semanas siendo discutida en las sesiones del órgano directivo del FNA, donde algunos de sus integrantes expresaron inquietudes sobre la legalidad del movimiento de recursos.

La orden, sin embargo, habría circulado desde hace tiempo en los círculos internos del Gobierno, lo que llevó a un acelerado trámite para concretarla antes de finalizar el año fiscal.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila defendió públicamente la medida, señalando que se trata de una acción coherente con la política financiera del Grupo Bicentenario y con las prioridades sociales del plan nacional de desarrollo.

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Argumentó que el Fondo había adoptado una política de reinversión de utilidades durante varios años, lo que provocó una acumulación de reservas que hoy, según su visión, pueden ser aprovechadas para cubrir necesidades sociales sin afectar la estabilidad de la entidad.

Según el funcionario, la posición patrimonial del FNA permite este tipo de transferencias sin comprometer los recursos de los afiliados.

En sus declaraciones explicó que el procedimiento inicia con la transferencia de excedentes del FNA al Grupo Bicentenario, y de allí, a través de mecanismos establecidos, se canalizan hacia el Ministerio de Hacienda para financiar programas incluidos en el presupuesto nacional.

No obstante, el estatuto jurídico del Fondo contiene disposiciones expresas que limitan el uso de sus utilidades. En particular, el artículo 63 establece que la distribución de beneficios requiere la aprobación de la Asamblea de Accionistas, previa conformación de reservas legales y ocasionales.

Además, especifica que las utilidades originadas en la gestión de cesantías no pueden ser distribuidas, debido a la naturaleza de seguridad social de los recursos que administra la entidad.

Durante el proceso de aprobación, algunos directivos del Fondo solicitaron conceptos técnicos y jurídicos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades, en un intento por determinar si el traslado propuesto cumple con las normas vigentes.

En particular, las dudas giran en torno a si la totalidad de los 800.000 millones en reservas están conformados por utilidades libremente disponibles o si una parte corresponde a excedentes generados por la administración de cesantías, cuyo uso está restringido por la ley.

La medida no fue adoptada de forma unánime. Dos miembros de la junta votaron en contra tras expresar reservas sobre el posible incumplimiento de las disposiciones legales y sobre los efectos que una disminución de las reservas podría tener en la capacidad del Fondo para cumplir con sus obligaciones frente a los afiliados, especialmente en el rubro de cesantías y subsidios de vivienda.

Entre los críticos más visibles se encuentra el exsenador Ricardo Arias Mora, quien presidió el FNA durante un periodo anterior.

Desde su cargo actual como presidente del Partido Colombia Justa Libres, Arias Mora señaló que los recursos del Fondo no pueden ser usados con fines distintos a los que establece la norma.

Aseguró que redirigir estas utilidades hacia el presupuesto general del Estado representa una acción que requeriría una reforma legal previa.

En sus palabras, el mandato normativo que rige al FNA es inequívoco: tanto los rendimientos como las utilidades deben reinvertirse en actividades alineadas con su objeto social, esto es, el ahorro para la vivienda y la administración de cesantías.

Cualquier otra destinación, señaló, contraviene lo dispuesto en la ley, a menos que el Congreso adopte una modificación al régimen jurídico aplicable a la entidad.

El Gobierno, por su parte, ha insistido en que la medida no afecta las cesantías de los trabajadores ni los programas de acceso a vivienda.

A pesar de ello, la falta de información pública detallada sobre la composición exacta de las reservas y el proceso técnico que definirá qué recursos pueden transferirse ha generado incertidumbre entre analistas financieros, legisladores y gremios de trabajadores.

De momento, la implementación efectiva del traslado sigue pendiente de definiciones clave en materia jurídica y contable.

La próxima sesión de la junta directiva se convocará para revisar las recomendaciones que emitan los entes de control sobre la procedencia del movimiento de fondos. Solo una vez cumplido ese paso se establecerán los montos específicos y se autorizará la ejecución financiera de la transferencia.

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