Dudosa licitación para colegios públicos en Bogotá: ¿El Centros Poblados del Distrito?

Una licitación del Distrito se analiza de reojo y con asombro, deshojando la margarita, por los expertos en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se trata del proceso 072-2024 de la Secretaría de Educación de Bogotá; incluso, varios conocedores auguran que, de continuar así, podría ser la versión 2.0 de Centros Poblados, por varios detalles particulares y coincidencias con el otrora multimillonario negocio por $1.7 billones que ganaron los procesados Emilio Tapia y Juan Carlos Cáceres en diciembre de 2020 con una tramposa unión temporal que dilapidaron un anticipo de $70.000 millones. 

Esta historia se inicia con la resolución que expidió la Secretaría de Educación de Bogotá, el pasado 5 de noviembre mediante la cual se ordenó la apertura del proceso de licitación pública 072-2024 para prestar los servicios de telecomunicaciones en tres zonas por $72.000 millones.

Aunque técnicamente es la prestación de los servicios de telecomunicaciones que complementen la red mediante enlaces de datos simétricos, internet dedicado, plataformas de seguridad en la nube y herramientas de monitoreo, en lenguaje terrenal no es otra cosa que la conectividad de las sedes educativas y los edificios administrativos de dicha secretaría. Eso sí, con un interesante ancho de banda de 30 hasta 512 megabytes por segundo.

Sin embargo, aunque la licitación despertó el interés de los pesos pesados de las tecnologías como Claro, ETB, UNE y Movistar, estos poco a poco han ido quedando en la lona, pero sin llegar siquiera al ring, todo por un controvertido detalle.

Las zonas

La Secretaría de Educación dividió en tres zonas la licitación para cubrir toda la ciudad con la conectividad requerida.

La zona uno la conforman las 27 instituciones públicas de Usaquén, 63 en San Cristóbal, 53 en Rafael Uribe, 27 en Tunjuelito y 70 en Engativá.

Por otro lado, la zona dos la integran los 70 colegios públicos de Suba, 25 de Fontibón, 33 de Puente Aranda, 15 en Mártires, 14 en Santa Fe y 77 en Ciudad Bolívar.

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Y, finalmente, la tercera zona la integran las 7 sedes en Chapinero, 24 en Barrios Unidos, 10 en Teusaquillo, 12 en Antonio Nariño, 56 en Usme, 73 en Kennedy y 58 en Bosa.

Así las cosas, la zona uno tiene un presupuesto de $25.034 millones, la zona dos $21.330 millones y la tres $25.635 millones.

Entre los requisitos técnicos habilitantes se solicitó a los interesados presentar el registro TIC, emitido por el ministerio de esa área, el cual acredita como contratista de redes y servicios de telecomunicaciones en el país.

También se debía estar inscrito y conectado al NAP Colombia, es decir, el tráfico de datos debe tener como origen y destino Colombia y no pasar por canales internacionales. Dicho certificado es expedido por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.

Y, finalmente, se solicitó un certificado que es uno de los caballitos de Troya. Se trata de los denominados Data Center, es decir, un centro de datos propio o de terceros ubicados en Bogotá o en su periferia, el cual debe contar con una disponibilidad mínima del 99,98 %.

Un mico

La “bolita” está en que la Secretaría de Educación pidió certificación ICREA o TIER, por el 2024 y hasta finalizar el contrato, es decir, el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, dichos certificados se expiden por un año, es decir, un tiempo inferior a la vigencia del contrato.

Dos empresas pudieron habilitarse técnicamente, gracias a que aportaron una de estas certificaciones que sí se expiden con vigencia superior a un año, denominada Green Seal ECO-1. No obstante, esta hace referencia a temas medioambientales, es decir, este documento reconoce el uso eficiente de la energía y la armonía con el medio ambiente. Gracias a ello, dos oferentes quedaron habilitados técnicamente.

Luego, llegó el enredo por la no aceptación de la certificación de experiencia que presentó la Unión Temporal Colmer SED 2024. Ellos argumentaron que adjuntaron los contratos de sendas licitaciones que ejecutaron en la Fiscalía y el Sena, lo que soportaba con suficiencia su experiencia en más de 43 meses en conectividad y más de $82.332 millones. En total, acreditaron $157.393 millones en conectividad, pero la entidad no aceptó estas consideraciones, a pesar de que el pliego permitía presentarlas de esta manera.

Hasta ese momento estaban en la “pelea” Unión Temporal Colmer SED 2024 y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Pero el tema de las certificaciones de experiencia que no le aceptaron a dicha unión temporal pareció despejarle el camino a ETB.

Paradójicamente a otro oferente si le aceptaron certificaciones que no incluían el valor específico de conectividad firmado y emitido por MinTic, se observa en el proceso. 

Rosario de observaciones

Pero en el rosario de observaciones pasó de todo. Salió a relucir la petición imposible de certificaciones en tiempo de datacenter, más allá de la vigencia que otorgan las firmas que las expiden. E incluso se evidenció y se preguntó por un aparente precio artificial que presentaron Comcel S.A. y UNE.

Este 18 de diciembre finalmente quedaron por fuera UNE-EPM y la Unión Temporal Colmer SED S.A., y se entregaron, en consecuencia, los siguientes puntajes:

En suministro de enlaces backup para sedes sin costo, Comcel S.A., ETB S.A. ESP y la Unión Temporal SED obtuvieron cada uno el puntaje máximo, esto es, 53,50.

En cuanto a la oferta económica, el puntaje máximo era de 35 puntos. A Comcel se le otorgaron 14,68 puntos, a ETB, 35 puntos, y a la Unión Temporal SED, 34,28.

En estímulo a la industria nacional colombiana, las tres habilitadas obtuvieron el máximo posible de 10 puntos. En participación de emprendimiento y empresas de mujeres obtuvieron el máximo de 0,25 ETB y la Unión Temporal SED, y en mipymes las tres obtuvieron cero.

Así las cosas, el  puntaje final es: Comcel S.A., 79,18; ETB, 99,75; y Unión Temporal SED, 99,03.

Extraño oferente

Y precisamente esta unión temporal fue la gran sorpresa. Dicha unión temporal la conforman Media Commerce Partners S.A.S. y TSG.

La primera se constituyó en el año 2004 en Santa Marta mediante escritura pública. Como socios fundadores figuran Yania del Carmen Lacera, Wilma Ramón Castro, Alberto Rodríguez Ortega y Media Commerce Partners LLC, constituida en Minnesota, Carson City.

Al año siguiente se aumentó el capital pagado, se trasladó el domicilio a Barranquilla y se modificaron el objeto, la vigencia y los estatutos. Luego, en 2011, hizo lo propio.

La otra empresa es TSG The IT Expert S.A.S., constituida en 2016 mediante documento privado, cuyo objeto es el desarrollo de software, la elaboración y suministro de redes informáticas y la comercialización de hardware.

Esto con un capital de $50 millones; fue constituida por Diana Milena Franco Gómez y Luisa Fernanda Caicedo Martínez.

Ya para el año 2023, el 100 % de las acciones estaban representadas por Luna Tayack Martínez y su ubicación es la calle 26 # 96J-90.

Estas dos empresas, de modesta presencia tecnológica frente a grandes jugadores como Claro, Movistar, ETB o UNE, fueron habilitadas y seguramente serán adjudicatarias de alguna de las tres zonas.

Otra coincidencia con el caso Centros Poblados y la famosa unión temporal de empresas poco conocidas  que ganó un millonario negocio que terminó en desastre, por incumplimientos, falsedades, por dilapidar cuantiosos dineros públicos y con varios de sus protagonistas, unos condenados y otros en proceso de acuerdo con la justicia, ¿Hay intermediarios ocultos? ¿Se repetirá la historia en la capital?, el caso apenas comienza.   

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