Veinte años de la Ley de Justicia y Paz: gastos por $17.7 billones, 64% excluidos y otras cifras relevantes

La Contraloría General de la República presentó un balance de los 20 años de la expedición de la Ley de Justicia y Paz. En este informe el organismo de control envidenció cuál ha sido el manejo de la norma y su aplicación en el ámbito gubernamental.

El origen

El conflicto armado interno en Colombia data de los años 60, cuy antecedente es la violencia bipartidista, las desigualdades sociales y la exclusión política.

Así, en 1964 surgen los grupos guerrilleros FARC y ELN. Aparecen igualmente diversas facciones de autodefensas regionales, que buscaron un mando unificado y una estrategia común para enfrentar a la guerrilla con el objetivo de expandir su influencia territorial, surgieron entonces las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia en 1997.

El Estado enfrento militarmente a estos grupos, también expidió una serie de normas que desde 1998 buscaron estrategias legales para contribuir a una solución política del conflicto armado interno.

Justicia transicional y cifras

La Justicia Transicional nace como una alternativa de negociación y paz mediada, con el fin de atender de forma diferente y contextual, las causas de conflictos armados internos, que afectan la vida de los ciudadanos.

Así, en Colombia, durante 2005, bajo el gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, se expidió la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, lo que generó importantes y profundos cambios en la institucionalidad judicial del Estado, con el objetivo central de reconocer los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, siendo este el tránsito de una vida de conflicto a la paz.

El análisis inició en junio de 2024 y contiene datos recogidos desde 2005. En materia de costo fiscal, lo primero que hay que resaltar es que, las entidades reportaron que no cuentan con centros de costos o gastos detallados a ese nivel de desagregación, lo que dificulta  cualquier ejercicio de vigilancia y control a Justicia y Paz.

Sin embargo, este organismo de control analizó y depuró la información reportada por las entidades, identificando que el Estado Colombiano ha destinado para la operación de Justicia y Paz un total de $17,7 billones.

Este recurso ha sido ejecutado especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con 86,52% seguido por la Fiscalía General de la Nación con 11%, la Rama Judicial con 2,05%, el Ministerio de Justicia y del Derecho con 0,24% y la Agencia de Reincorporación y Normalización con 0,19%.

Los postulados

De otra parte, se postularon un total de 5.079 personas a la Ley, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las AUC (86,9%), seguido por desmovilizaciones individuales de las FARC (10,1%) y otros grupos subversivos con 3%.

Cerca del 64% de estos postulados, fueron excluidos del proceso (3.243 personas), en su gran mayoría porque el postulado citado a versión libre no ratifico su voluntad de acogerse al procedimiento de justicia y paz (83%).

Actualmente se encuentran activos 1.507 postulados que corresponden a 30% de los que se presentaron, de los cuales 921, fueron condenados por 15.236 hechos delictivos (11,85% de los imputados), que reconocieron a 40.450 víctimas (15,8% de las relacionadas en las imputaciones). Sobresaliendo los delitos de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada.

Lea también (Cantante Gerardo Ortíz reconoce presentaciones para narcotraficantes y sus aliados)

Los bienes

Por otra parte, en el período de estudio, se encontraban vinculados 15.177 bienes, de los cuales, el 64% se investigaron de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sólo el 12,22% de los bienes, fueron ofrecidos por los postulados (1.854 bienes).

Con respecto al resultado de las investigaciones sobre estos bienes, se observó que, para el 21,24% de los bienes, fue archivada la investigación y solo el 7% tuvo extinción de dominio.

Para la administración de justicia, se evidencio que se judicializaron cerca de 1.400.000 hechos delictivos, con la expedición de 98 sentencias, los cuales en su mayoría fueron cometidos por las AUC.

De otra parte, en relación con el índice de congestión efectivo de los despachos judiciales de Justicia y Paz, se estableció que pasó de 89,39% en 2012 a 54,91% en 2023. Lo expuesto refiere una mejora en la gestión de los procesos; sin embargo, el índice
se mantiene en niveles considerables.

Se acreditaron en la Agencia para la Reincorporación y Normalización en el proceso de reintegración 1.365 personas, es decir 74,3% de los postulados que siguieron en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar que durante el período 2016 a junio 2024, el 40% de los reintegrados, accedieron a una capacitación que permitió
un mejor desarrollo de habilidades para desempeñarse como empleados o emprendedores.

Las víctimas

Cabe resaltar que con corte junio 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas, registraba 3.755 bienes, por $24,37 billones, de los cuales solo comercializó 42 bienes por $24.114 millones, que representaba el 1,22% del total de bienes urbanos y rurales.

En el periodo 2012 a junio de 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas benefició a 29.862 víctimas por valor de $1,11 billones, de los cuales el 95,53% correspondió a pagos realizados con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Conclusiones

“Llamamos la atención, que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados.

Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva.

La Contraloría General de la República considera que, después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficaz. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados.

En conclusión, este ente de control, informa que existen incumplimientos en la eficiencia, eficacia y efectividad de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Es imperativo implementar medidas estratégicas urgentes para superar estas deficiencias en el corto plazo. Además, se enfatiza que los bienes entregados por los exparamilitares y todos los bienes en el marco de Justicia y Paz deben tener como objetivo resarcir el daño causado a los colombianos”, puntualizó el contralor general Carlos Hernán Rodriguez.

Otras noticias: