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Fondos para reparación por muerte de 33 niños en incendio de bus en 2014 estarían retenidos en MinHacienda

Los menores fallecieron hace más de una década y sus familiares aseguran que aún no son indemnizados.

Tumbas de los 33 niños muertos en incendio de bus en 2014
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 29/09/2025 - 09:32 Créditos: Tumbas de los 33 niños muertos en incendio de bus en 2014. Tomada de Gobernación del Magdalena

Los recursos que fueron consignados por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia como parte de un acuerdo de reparación para las familias afectadas por la tragedia ocurrida en Fundación en mayo de 2014 permanecen sin ser entregados, según denuncia un grupo de padres de los menores fallecidos.

La situación fue dada a conocer mediante un derecho de petición radicado por los familiares, quienes manifiestan no haber recibido información clara ni precisa sobre el destino actual del dinero.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la Iglesia habría desembolsado el 80 % de los recursos pactados, los cuales se depositaron en una cuenta administrada inicialmente por la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, según relatan los padres afectados, durante una reunión sostenida el 19 de julio del presente año con delegados de esa entidad, se les aseguró que los giros individuales comenzarían entre julio y agosto.

A pesar de esta promesa, el desembolso no se ha efectuado hasta el momento y tampoco han recibido explicaciones adicionales por parte de la institución.

Jorge Barrios, uno de los padres de los menores fallecidos, indicó que la información posterior obtenida a través del derecho de petición reveló que los recursos ya no estarían bajo custodia de la Defensoría.

En su lugar, habrían sido trasladados al Ministerio de Hacienda, hecho que los afectados consideran irregular, ya que —según sus argumentos— dicha cartera no tiene relación directa con el proceso de reparación acordado entre la Iglesia y las víctimas.

Barrios sostuvo que el traslado de los fondos a esa entidad no fue comunicado ni explicado, y agregó que la situación actual refleja una falta de seguimiento y compromiso institucional: “No sabemos quién los tiene, no nos dicen cuándo los van a entregar. Y mientras tanto hay familias que siguen enfrentando condiciones económicas precarias y ningún funcionario da respuesta”.

El vocero también enfatizó que el reclamo no está motivado por un interés económico, sino por la necesidad de que se respete la memoria de los menores fallecidos y se honre el proceso de reparación acordado entre las partes.

“Nuestros hijos no tienen precio. Esto no se trata de dinero, sino de dignidad. Lo que fue entregado a nombre de ellos debe llegar a cada familia, sin trabas, sin dilaciones, sin más promesas incumplidas”, expresó.

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A la fecha, ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de Hacienda han emitido pronunciamientos oficiales sobre el paradero actual de los recursos ni sobre los procedimientos administrativos que justificaron el cambio de custodia.

Ante la falta de respuestas, las familias anunciaron que están dispuestas a recurrir a mecanismos legales y acciones de incidencia pública para exigir claridad en el manejo de los fondos.

Los padres convocaron a la Defensoría a dar explicaciones formales y solicitaron la intervención directa del Gobierno nacional para resolver una situación que, en sus palabras, agrava el daño moral ya sufrido y prolonga innecesariamente el proceso de reparación.

También hicieron un llamado a organismos de control para que verifiquen si hubo irregularidades en el traspaso de los recursos y si existen funcionarios responsables por la dilación en la entrega.

La tragedia de Fundación, ocurrida el 18 de mayo de 2014, cobró la vida de 33 menores de edad luego de un incendio registrado en un bus que transportaba a los niños tras un evento religioso.

Desde entonces, los sobrevivientes y sus familias han solicitado justicia, reparación integral y acompañamiento estatal.

El caso ha estado bajo atención intermitente de autoridades y organizaciones sociales, sin que hasta el momento se haya logrado una resolución definitiva en términos de resarcimiento económico y simbólico para las víctimas.

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