Ernesto Samper vuelve a la política con Roy Barreras: frente amplio y el legado del Proceso 8000

El expresidente Ernesto Samper Pizano y el exsenador y exembajador ante el Reino Unido Roy Barreras Montealegre formalizaron una alianza política que busca incidir de manera significativa en la configuración del Congreso de la República en el próximo ciclo electoral de 2026.

La coalición, identificada como “frente amplio”, estará integrada por diversos partidos y movimientos con afinidades ideológicas liberales, progresistas y de izquierda, los cuales anunciaron su intención de construir listas conjuntas al Senado y la Cámara de Representantes.

El proyecto reúne a varias agrupaciones políticas, entre las que se encuentran Fuerza de la Paz, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), el Partido Demócrata Colombiano y el colectivo Agenda Progresista.

A estos se suman también los integrantes de la coalición denominada Unitarios, en la que confluyen organizaciones como el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Partido Ecologista Colombiano, Comunes y Esperanza Democrática.

La decisión de conformar esta plataforma electoral fue adoptada tras un encuentro entre representantes de las colectividades mencionado, que tuvo lugar el domingo 28 de septiembre.

En la reunión se definieron los lineamientos básicos para avanzar en la estructuración de listas unificadas con candidatos provenientes de cada una de las fuerzas que respaldan el acuerdo.

Mediante un comunicado conjunto, los líderes de la alianza indicaron que la decisión obedece a la necesidad de consolidar una mayoría legislativa que represente una visión común del país orientada hacia la transformación del modelo político y social.

El texto señala que se trata de “un paso histórico” que convoca a sectores “progresistas, liberales, socialdemócratas y de izquierda” a trabajar por una agenda de cambio, sustentada en las “necesidades de la gente” y en el principio de unidad entre sectores que comparten objetivos programáticos.

Roy Barreras, quien preside Fuerza de la Paz, y la senadora Clara Eugenia López Obregón, líder del partido Unitarios, figuran entre los principales impulsores del frente.

Ambos han manifestado en los últimos meses su interés por participar en las elecciones presidenciales de 2026, por lo que esta alianza podría también proyectarse hacia esa contienda.

López, exalcaldesa de Bogotá, confirmó recientemente su intención de aspirar a la Jefatura del Estado, mientras que Barreras, actual director del Instituto de Pensamiento Progresista, figura en algunas encuestas como eventual precandidato.

Los firmantes del acuerdo señalaron en su declaración que el frente amplio tendrá como objetivo convertirse en la bancada mayoritaria del Congreso en el próximo periodo legislativo.

La apuesta contempla articular propuestas que giren en torno a ejes como la justicia social, la paz, el desarrollo solidario y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.

En palabras del documento difundido, se busca “construir un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo que devuelva la esperanza a millones de colombianos y colombianas”.

De igual manera, la coalición extendió una invitación pública a otros movimientos, partidos y organizaciones sociales con afinidad ideológica para que se sumen a la iniciativa.

El objetivo es presentar listas unitarias a las elecciones legislativas de octubre de 2026, ampliando la base política del frente y garantizando la representación de diversos sectores en las cámaras legislativas.

El aliado de Barreras es Ernesto Samper Pizano, abogado, economista y político colombiano nacido el 3 de agosto de 1950, quien ejerció la Presidencia de Colombia entre 1994 y 1998.

Su carrera política estuvo marcada por un episodio de gran trascendencia pública: el llamado Proceso 8000, que giró en torno a acusaciones de financiación irregular de su campaña con recursos provenientes del narcotráfico, particularmente del Cartel de Cali.

Origen del proceso 8000

El nombre “8000” hace referencia a un expediente judicial que la Fiscalía de Cali asignó durante una investigación a los vínculos delictivos de ese cartel con agentes políticos.

En los primeros meses de 1995, aparecieron los llamados “narco‑casetes”: grabaciones en las cuales se registraban supuestas conversaciones entre líderes del Cartel de Cali y miembros del Partido Liberal sobre aportes monetarios para campañas políticas.

Estas cintas fueron dadas a conocer por Andrés Pastrana, derrotado en esas elecciones, y entregadas a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles irregularidades.

Según las indagaciones, los administradores de la campaña de Samper, entre ellos Fernando Botero Zea (gerente) y Santiago Medina (tesorero), aparecieron señalados como conductores de aportes no declarados y relaciones con intermediarios del Cartel de Cali.

En algunos testimonios, se mencionó que parte de los fondos ingresaron mediante empresas de fachada o cuentas externas, con el fin de disfrazar su origen ilícito.

A medida que se avanzó en las investigaciones, la Fiscalía pidió que ciertos casos fueran remitidos a la Corte Suprema para examinar la responsabilidad de congresistas implicados.

El escándalo escaló rápidamente. En agosto de 1995, Fernando Botero renunció como ministro de Defensa y fue vinculado al proceso y en entrevista con Yamid Amat aseguró que Samper conocía del ingreso de esos dineros.

En ese mismo período, la Cámara de Representantes abrió una investigación formal al presidente Samper.

En medio del debate político, figuras como el entonces ministro Horacio Serpa defendieron al presidente, mientras algunos sectores de la opinión pública exigían que Samper se apartara del cargo mientras avanzaba la indagación.

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Desde el punto de vista institucional, el proceso siguió una ruta constitucional: debía ser la Comisión de Acusaciones de la Cámara la encargada del juicio político al presidente, dado su fuero presidencial.

Durante el debate, se anunció que abogados del expresidente habrían tenido restricciones para intervenir dentro de la Comisión, lo que suscitó cuestionamientos al debido proceso.

Finalmente, el 12 de junio de 1996, la Cámara absolvió a Samper con 111 votos a favor y 43 en contra.

El fallo consideró que no existían pruebas suficientes para declarar su responsabilidad en delitos como enriquecimiento ilícito, fraude electoral, falsedad o encubrimiento.

El caso tuvo repercusiones fuertes en el plano internacional, diplomático y de opinión pública.

Revocación de visa estadounidense

Una de las sanciones exteriores más llamativas fue la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de ingreso de Ernesto Samper.

En julio de 1996, el gobierno del presidente Bill Clinton anunció la cancelación del visado, argumentando que existía “evidencia sustancial” de que la campaña de Samper había recibido aportes de narcotraficantes.

La acción fue calificada por algunos como una sanción personal, independiente de la absolución del expresidente ante el Congreso colombiano.

En ese momento, un vocero del Departamento de Estado indicó que la medida respondía a la política estadounidense de no permitir la entrada de personas que facilitaran operaciones de narcotráfico mediante acciones pasadas.

El enfoque del Proceso 8000 fue esencialmente judicial y político, no militar. Las investigaciones apuntaban más a responsabilidad política y administrativa que a combates o acciones armadas.

Sin embargo, un caso emblemático de muerte vinculada al escándalo fue el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, quien estaba prevista para declarar como testigo en el proceso.

Montoya fue baleada en 1996, en medio de la agitación del escándalo, al presentar enlaces con operadores del Cartel de Cali y su participación como intermediaria entre la campaña de Samper y el tesorero Santiago Medina.

Su muerte fue interpretada por muchos como una acción para silenciar testimonios incómodos.

En cuanto a capturas, nombres como el de Fernando Botero Zea y Santiago Medina sobresalen entre los señalados que enfrentaron procesos judiciales por su papel en la estructuración de la financiación irregular.

La justicia penal les asignó condenas más adelante. Por ejemplo, Botero fue condenado en sentencia de 2007 (caso conocido como sentencia 22.412) por delitos como hurto agravado con dolo y abuso de confianza, por el manejo y desvío de fondos durante la campaña.

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