El eterno dilema del manejo de los dineros públicos en el Congreso: los casos de antes y ahora

No es la primera vez que congresistas pierden la libertad por trámites indebidos de recursos públicos otorgados desde el ejecutivo para mover la agenda parlamentaria. Desde antes de la constitución de 1991 es un tema que no se resuelve y que ahora se repite con la captura de Iván Name y Andrés Calle. 
 
La captura de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name de la Alianza Verde y Andrés Calle del Partido Liberal, ordenada por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo del saqueo de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), trae a la memoria otros pasajes de la historia parlamentaria de los últimos tiempos en la que los indebidos manejos de recursos públicos a cambio de respaldo en el trámite de las leyes, terminó en la detención de sus protagonistas.

No es la primera vez ni será la última en que la justicia revele un capítulo del carrusel de los auxilios parlamentarios, cupos indicativos u otras formas para untar de mermelada la política nacional.

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“Lo mismo que antes”, diría el recordado Jaime Garzón para ratificar que la caída de los congresistas Name y Calle obedece a una conducta que no fenece.
 
Antes de la constitución de 1991, no faltaron los episodios de escándalo por cuenta de los auxilios parlamentarios.

Esa recurrencia de malos manejos de dineros públicos para garantizar la aplanadora en la aprobación de las leyes justamente dio lugar a que la Carta Política incluyera a través de los artículos 136 y 355 la explícita prohibición de intervenir en auxilios o donaciones.

Además, se incluyó un severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio legislativo que autorizó la pérdida de la investidura parlamentaria, entre otras razones, por la indebida destinación de dineros públicos.

El primero al que el Consejo de Estado le aplicó esta muerte política fue al congresista Samuel Escrucería en 1992, y desde entonces más de medio centenar de legisladores perdieron su investidura. Más de uno por malos manejos de recursos en procesos originados desde el poder ejecutivo. 
 
El caso más sonado ocurrió en 2000 en los tiempos de Andrés Pastrana en la Presidencia y un Congreso entre remiso y calculador para secundar su proceso de paz con las Farc en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados entre los departamentos del Meta y Caquetá.

En medio de las dificultades porque se hundió en la Comisión Primera del Senado una reforma política y el presidente Pastrana llegó a plantear un referendo popular para rescatarla, que destapó el escándalo en el Congreso por el reparto de contratos en la Cámara de Representantes.

De inmediato el presidente de la corporación, Armando Pomarico Ramos se escudó manifestando que había delegado en el director administrativo, Saud Castro Chadid, todo lo pertinente a la contratación, pero este funcionario se convirtió en testigo estelar de la justicia, confesó lo sucedido en la Cámara, y rodaron cabezas de alfiles en desgracia.

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Junto al presidente de la Cámara de Representante, Armando Pomarico Ramos, cayeron también el ex vicepresidente de la corporación, Octavio Carmona y los representantes Miguel Ángel Flórez y Darío Saravia.

Todos terminaron condenados entre los seis y 12 años de prisión por delitos contra la administración pública, a la vez que el Consejo de Estado les declaró la muerte política. El “pomaricazo” no incluyó a funcionarios del ejecutivo, desde donde se fraguó la entrega de recursos que, en cálculos de la justicia, superaron los $13.000 millones.

Tampoco prosperó la reforma política de Andrés Pastrana, ni su proceso de paz que terminó abruptamente en febrero de 2002. En ese momento ya el candidato Álvaro Uribe Vélez punteaba en la contienda electoral y uno de los ases de su campaña fue la propuesta de un referendo contra la corrupción y la politiquería.
 
Esa iniciativa incluyó entre sus 15 preguntas varias referidas a impedir la comisión de delitos contra el patrimonio del estado al interior de las corporaciones legislativas.

Sin embargo, en el desarrollo del referendo realizado el 25 de octubre del 2003, solo una de las preguntas superó el mínimo de votos requerido y quedó en el aire la intención de romper la práctica de tramitar recursos públicos entre el ejecutivo y el Congreso a espaldas de la ley.

En cualquier caso, tampoco los ocho años de Álvaro Uribe en el poder se salvaron de agregar un capítulo de malos manejos entre el legislativo y el gobierno.

Ese escándalo tuvo nombre propio, la “Yidispolítica”, que tuvo como protagonista a la representante a la Cámara, Yidis Medina, quien admitió haber recibido prebendas burocráticas a cambio de su voto en favor del acto legislativo que permitió la reelección presidencial en 2006.
 
Lo que probó la justicia fue que, en el momento crucial del trámite de la primera legislatura para esa modificación constitucional, la representante Yidis Medina cambió su voto por una notaría en Barrancabermeja y un cargo en el Ministerio de Justicia.

Terminó condenada pero su testimonio le permitió rebajar su sentencia y establecer las responsabilidades de otros protagonistas de la historia. Al final, terminaron también condenados los entonces congresistas, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, lo mismo que los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y los ex secretarios a la presidencia Alberto Velásquez y Bernardo Moreno.

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El caso de la “Yidispolítica” elevó la temperatura del Congreso que a partir de 2006 vivió el terremoto de la parapolítica, con desfile de congresistas, diputados, ex alcaldes y gobernadores a prisión por sus nexos con el paramilitarismo.
 
Cuando llegó el tiempo de Juan Manuel Santos en el poder, aunque pronto la agenda política se concentró en el proceso de paz con las Farc en La Habana (Cuba), no faltaron en el Congreso los debates por el uso de los recursos públicos desde el ejecutivo para aceitar la maquinaria política en el trámite de las leyes.

Ya desde sus tiempos como ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, Santos había enfrentado señalamientos por el presunto impulso de “cupos indicativos” que él denominó “Gestión de congresistas”.

Como primer mandatario, no faltaron los opositores que retomaron el tema para acuñar el mote de “mermelada” a la práctica de conceder prebendas burocráticas para garantizar las mayorías en el legislativo.

En la práctica, fueron ocho años en los que la aplanadora política funcionó en el Congreso, aunque fueron dilemas distintos a esclarecer sus métodos los que ocuparon la agenda judicial y política.

Los coletazos del escándalo de Odebrecht, de la fallida reforma a la justicia que cobró la cabeza del ministro Juan Carlos Esguerra, o del manejo de los recursos para la paz, movieron las aguas entre el Congreso y el gobierno, pero se sostuvo sin cuestionamientos de la justicia el bloque político que le permitió al gobierno Santos concretar el complemento legislativo del proceso de paz suscrito con la paz en el 2016.

Con diferencia numérica y el fortalecimiento de la oposición, esa misma dinámica prevaleció en las relaciones entre el gobierno y el Congreso durante el cuatrienio de Iván Duque.

No hubo escándalos de fondo por el manejo de recursos públicos a través del Congreso, aunque no faltaron los reparos para la aprobación de algunas leyes. La justicia reveló varios casos de corrupción y, a título individual, algunos congresistas afrontaron sus propios enredos ante la justicia.
 
Los casos de mayor resonancia mediática fueron protagonizados por los entonces congresistas Mario Castaño y Ciro Ramírez. Ambos terminaron procesados por malos manejos de recursos públicos en el capítulo judicial conocido como “Las Marionetas”.

La justicia demostró la participación de ambos legisladores en la celebración ilícita de contratos para fortalecer su poder político y económico. Por otros asuntos, otros congresistas enfrentan cargos judiciales.

Esos procesos animaron la controversia, aunque no fueron el factor dominante de las elecciones presidenciales de 2022. No obstante, la victoria en las urnas del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro abrieron una expectativa optimista respecto al espinoso asunto de las relaciones entre el gobierno y el Congreso, dados los antecedentes de Petro como denunciante contra las mafias de la corrupción.
 
Sin embargo, tampoco fue la excepción en la secuencia de los escándalos entre el gobierno y el Congreso, y el punto de quiebre fue el descalabro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que abrió una caja de sorpresas sobre la utilización de los dineros de este organismo público para la desviación de fondos, sobrecosto de contratos y manejo irregular de congresistas.

El expediente de la Ungrd ya produjo la condena del ex subdirector del organismo, Sneyder Pinilla, quien se convirtió en testigo estelar de la justicia, lo mismo que su colega en el mismo cargo, Olmedo López.

También se encuentra privada de la libertad la ex consejera para las regiones, Sandra Ortiz y al menos una decena de funcionarios públicos del gobierno ha tenido que comparecer ante la justicia. Los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla incluyeron también a varios congresistas.

La Corte Suprema de Justicia está pendiente de resolver si los congresistas Julian Peinado, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julio Chaguí Flórez, WadithManzur y Karen Manrique, relacionados por el testigo Olmedo López como partícipes en la intermediación de contratos en la Ungrd, realmente participaron en la cadena de ilícitos. Por lo pronto, la misma corporación judicial ordenó la captura de los ex presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes deberán responder a los cargos de cohecho propio y peculado por apropiación.

Al margen de la suerte jurídica de otros intervinientes en este escándalo judicial en la era Petro, vuelve al ruedo el eterno dilema sin resolver de los dineros públicos o las prebendas dadas a los congresistas para ganar las mayorías en la aprobación de las leyes, dejando a un lado los argumentos para garantizar la transparencia del Estado.

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