Mediante este reportaje audiovisual, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, muestra al detalle, hechos relevantes e inéditos que explican y evidencian cómo se llegó a la situación actual del proyecto Hidroituango.
Desde el inicio del trámite para obtener la licencia ambiental en 1999, la obra empezó a tener sus primeros tropiezos. Fueron años de dificultades por fallas en la presentación de estudios técnicos, económicos y jurídicos. Finalmente, una década después de presentada la iniciativa, el Ministerio de Ambiente, que para esa época era el organismo encargado de otorgar las licencias en la materia, entregó la licencia.
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De allí en adelante apareció Empresas Públicas de Medellín, EPM, que en el año 2000 firmó un contrato con la Sociedad Hidroituango para construir y poner en operación el proyecto. Un negocio por 50 años para entrar a funcionar el año pasado.
No obstante, continuaron los problemas y antes que culminar la obra se empezaron a registrar tropiezos estructurales que además de impedir la culminación y puesta en funcionamiento de Hidroituango, generó sobrecostos superiores a los $2 billones de pesos y graves afectaciones ambientales, sociales, jurídicas y técnicas.
Una situación que se complica porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que nació en septiembre de 2011, ha señalado que fue el Ministerio de Ambiente, el organismo que otorgó la licencia correspondiente. En consecuencia, desde 2012 viene realizando el seguimiento ambiental a la obra.
A ello se suma que el Consejo de Estado tramita una demanda de nulidad sobre la resolución que otorgó la licencia ambiental. Frente a una consulta previa, no se exigió ese requisito porque según lo certificó en su momento el Ministerio del Interior, en la zona no existían para la época comunidades indígenas.
Según registros oficiales de la ANLA, en esa entidad se tramitan nueve investigaciones sancionatorias contra Hidroituango, de las cuales, seis estaban en etapa probatoria y adportas de culminar.
Hoy el futuro de Hidroituango es incierto. La Fiscalía imputará cargos a varios directivos. Los demás entes de control están revisando las actuaciones de administradores, funcionarios, gerentes, entre otros, en el que se advierte como uno de los casos de mayor trascendencia en el país.
A este panorama se suma el hecho de que el proyecto participó en la reciente subasta de energía en contra de las observaciones de muchos de sus directivos y aún sin culminar la obra, no es claro cómo asumirá el nuevo negocio que tiene como propósito contribuir a garantizar la suficiencia energética del país.
