La representante a la Cámara, Sara Piedrahita Lyons está furiosa. A sus 30 años de edad, que cumple el próximo 21 de diciembre, ha pasado por todo. Exitosa colegial y bachiller del Gimnasio Campestre. Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes en 2011. Reina de Córdoba hace una década. Congresista por el partido de La U, en un primer periodo con la más alta votación del país y repitente para el actual periodo. Con la Corte Suprema, que la tiene en la mira con tres procesos. De tradición política familiar, muestra todas sus credenciales y riposta fuerte cuando se siente acechada. Hoy su nueva disputa es por la gobernación de Córdoba, casi un patrimonio político de los suyos que defiende a capa y espada.
“Recibo el envío de dicha terna como un acto de insolencia por parte del doctor Iragorri Valencia, dado que resultó de una decisión arbitraria e inconsulta contraria al consenso que se había logrado el pasado 8 de noviembre en una reunión a la que asistimos los congresistas del departamento de Córdoba acatando un fallo de tutela que obligaba al partido a la conformación de dicha terna, respetando la participación de todos los sectores políticos que integran nuestra colectividad”. Con estas palabras la congresista Piedrahita manifestó su inconformidad por una terna de la cual saldrá el nuevo gobernador de Córdoba, lejano a sus intereses políticos.
Los nombres que causaron escozor en la parlamentaria son Camilo Mejía, oriundo de Cereté, ingeniero industrial quien se ha desempeñado en cargos directivos en la gobernación de Córdoba y es político de su municipio. Orlando Medina Marsiglia, exalcalde de Chinú y asesor del exgobernador Edwin Besaile. La terna la complementa Sandra Devia, actual gobernadora encargada. De estos tres nombres, saldrá el elegido por el presidente Duque. Ninguno de ellos, es cercano a Sara Piedrahita y de allí su vehemente oposición a la designación del gobernador de Córdoba.
Un litigio que se derivó de la determinación que se debe tomar para reemplazar a Edwin Besaile Fayad quien fue suspendido por la Procuraduría a comienzos de este año, por supuestas irregularidades en la firma de un millonario contrato de tecnología y presuntos hechos de corrupción derivados de la celebración de un convenio financiado con recursos de regalías entre la gobernación y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia, George Dahl. Una decisión que el Ministerio Público ratificó hace dos meses cuando además lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años, al detectar manejos turbios en los pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad. Un negocio por 4.988 millones de pesos, por el cual también está siendo procesado por la Fiscalía, en el denominado ‘cartel de la hemofilia’.
Y es aquí en donde radica la inconformidad de la parlamentaria Sara Piedrahita Lyons. Una vez, la Procuraduría suspendió al mandatario regional, el presidente Juan Manuel Santos designó como gobernadora encargada a Sandra Devia, un nombramiento que se prorrogó en ese mismo gobierno y en la administración Duque que el pasado 19 de octubre la volvió a encargar. De manera simultánea, la preocupación de Piedrahita también crecía no solo por el tema político sino porque en el denominado ‘Cartel de la Toga’, su primo, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia y como colaborador de la DEA, se convirtió en testigo clave del ‘Cartel de la Toga’ que llevó a la extradición al exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, hoy preso en Estados Unidos. Además su testimonio fue clave para enviar a la cárcel a otros pesos pesados de la política en Córdoba como el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, entre otros.
Entre tanto, esta designación y ratificación por parte de dos gobiernos, tenía encendidos, además de Piedrahita, a los demás políticos de su departamento quienes no aceptaban que una funcionaria que venía desempeñándose como directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, en Bogotá, como Sandra Devia viniera a manejar los destinos de una región que siempre ha tenido a caciques políticos o sus delegados en el poder.
El departamento de Córdoba es clave. Es el octavo más poblado del país, tiene una posición estratégica, sigue siendo líder en agricultura y ganadería, maneja un presupuesto significativo producto de las regalías, tiene una activa clase política y es tristemente recordado porque el Nudo del Paramillo, en límites con Antioquia, fue durante mucho tiempo el cónclave de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a cargo de los hermanos Castaño, desde donde los paramilitares combatieron a las Farc y el ELN.
Inquietos por la intervención del gobierno nacional en el departamento y por la interinidad de casi un año, la clase política del departamento no aguantó más y acudió a la justicia. Gilberto Ortega Polo, concejal del partido de La U en el municipio de Lorica, abrió fuego amigo en contra de su propia colectividad, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales a la participación, conformación, ejercicio, control del deber político y debido proceso.
El primero de noviembre, la juez de Lorica, Luz Adriana Quintero Saker, no solo tuteló los derechos si no que ordenó que “una vez conformada, envíe al ministerio del Interior para que el señor presidente de la República designe de dicha terna, el gobernador de Córdoba, teniendo en cuenta el pacto de coalición ‘Programática y Política’ respetando imperativamente al conformar la terna la participación de los congresistas Sara Piedrahita, Jorge Burgos, Erazmo Zuleta, Jhonny Besaile, elegidos en el departamento de Córdoba”.
Registros conocidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, dan cuenta que en el pasado mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia, al referirse al denominado caso del ‘carrusel de la educación’ ordenó compulsa de copias contra la juez Luz Adriana Quintero Saker, otro funcionario judicial y un exjuez, quienes fallaron varias tutelas relacionadas con este caso.
Frente a la juez Quintero Saker y como lo divulgó en su momento el diario El Meridiano de Córdoba, “llamó la atención del tribunal que para la época en la que se profirieron los fallos de tutela ya se conocía el precedente de la Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2013, sobre el tema debatido, y que pese a ello se accedió a las pretensiones de los demandantes a sabiendas de que el amparo constitucional era improcedente”.
En el caso de la terna, el fallo judicial de la juez Quintero Saker, no solo aceleró el proceso de conformación de la misma si no que le dio un nuevo aire a los congresistas, especialmente a Sara Piedrahita, quien ha sido la más vehemente en este proceso, según indicaron fuentes al interior del Partido de La U.
A la semana siguiente del fallo, se reunieron en Bogotá los congresistas cordobeses del Partido de la U. Una vez terminada la cita, los parlamentarios Sara Piedrahita y Jorge Burgos señalaron que ya se había escogido la terna para enviar al presidente Iván Duque. Estaba conformada por Darío Oviedo Castaño, referenciado por los congresistas Jorge Burgos y Sara Piedrahita, y los candidatos Orlando Medina Marsiglia y Camilo Mejía quienes recibieron el apoyo del senador Jhonny Besaile, hermano del destituido gobernador Edwin Besaile y de Musa Besaile.
De esta manera, el ajedrez político de la región se compuso porque casi todos los caciques quedaron con un nombre de su agrado en la terna. “Se le dio gusto a Jorge Burgos quien representa a la familia Jattin, también al congresista Erasmo Zuleta de la Universidad de Córdoba, de igual forma a los denominados ‘ñoños’ y a los Besaile”, destacó un parlamentario de la región.
No obstante, en las piezas de este rompecabezas no fue posible tener en la terna candidatos que representan a dos corrientes políticas que están enfrentadas y con integrantes de ambas familias en la cárcel, los Besaile y los Lyons. Por esta razón, la reacción enfurecida de la prima de esta última familia, la congresista Sara Piedrahita.
Y para enredar el asunto, finalmente fue enviada la terna a la Casa de Nariño en donde se incluyó a última hora a la actual gobernadora encargada, Sandra Devia, dejando por fuera a Darío Oviedo Castaño quien representaba a Sara Piedrahita quien de inmediato entró en cólera. Pero la parlamentaria, al parecer, no contaba con un detalle que la coalición que permitió llegar al poder en el departamento de Córdoba a Edwin Besaile, estaba integrada no solo por La U, también por el Partido Liberal y el Conservador. Bajo estas consideraciones, y con el aval de estas dos últimas colectividades, se enviaron los tres candidatos al presidente Duque. En otras palabras, la terna representa a tres de los cuatro sectores políticos del departamento, pero se quedaron por fuera los Lyons y su congresista Sara Piedrahita.
En los próximos días, el gobierno debe decidir cuál es el elegido. Pero es evidente que la intención es dejar a Sandra Devia. De hecho, en el Taller Construyendo País del pasado 27 de octubre en Chinú, miembros de la Casa de Nariño, destacaron el trabajo de la funcionaria. Lo cierto, es que la congresista Sara Piedrahita sigue en la lucha para recuperar un poder que durante varios años ha tenido su familia.
