Diana Marcela Gutiérrez Carrillo, quien fuera la mano derecha de Pablo Ardila Sierra, el otrora polémico gobernador de Cundinamarca entre los años 2004 a 2007, volvió a la arena política. Adportas de los comicios electorales, aspira a ser elegida como la nueva alcaldesa de su tierra natal, Cáqueza, Cundinamarca.
Sin embargo, su inscripción fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, por una presunta inhabilidad en virtud de la sanción y destitución proferida por la Procuraduría quien la separó de su cargo en el año 2006 por presuntas irregularidades en el arrendamiento de un apartamento en el barrio Rosales que pertenecía a la Inmobiliaria de Cundinamarca.
Pablo Ardila Sierra partió en dos la historia política de Cundinamarca en el año 2004. Con apenas 35 años había logrado arrebatarle el poder a los varones electorales de la región encabezados por el entonces gobernador Álvaro Cruz Vargas, hoy preso por el carrusel de la contratación en Bogotá y su entonces candidato Fernando Ramìrez considerado amo y señor de Soacha, Cundinamarca.
A pesar de contar con la nómina, la contratación del departamento y los apoyos electorales de los pesos pesados de la época como Leonor Serrano de Camargo, Carlina Rodríguez, Miltón Rodríguez, Nancy Patricia Gutiérrez y Fernando Ramírez, el entonces candidato de Cruz, no pudo remontar lo que representaba Pablo Ardila en la nueva política.
Se trataba de un candidato joven, propietario del medio de comunicación más popular de la época, El Espacio y un importante músculo financiero propio. Una combinación que lo llevó al cargo de gobernador de Cundinamarca con un poco más de 600.000 votos.
En los cimientos de la campaña del movimiento por firmas Cundinamarca Merece Más apareció Diana Marcela Gutiérrez Carrillo de 26 años. Una comunicadora social egresada de la Universidad Central que en su haber contaba con haber sido concejal de Cáqueza.
De la mano de Julio Eduardo 'Yiyo' Riveros, un exalcalde de Tabio, Cundinamarca que se consolidó como el estratega electoral de Ardila, “la joven caqueceña pasó de ser una modesta funcionaria que le manejaba la agenda al candidato a una mujer calculadora en la que el gobernador Ardila depositó no solo toda su confianza si no incluso delegó muchas de las funciones de su cargo”, recuerda un exfuncionario de esa administración.
El poder de Gutiérrez Carrillo en el mandato de Pablo Ardila Sierra se inició con la expedición del decreto 234 de 2004, mediante el cual el gobernador la delegó una de sus funciones, el nombramiento del personal de su despacho, así como de los sectores central y descentralizado del departamento.
Dicho acto administrativo generó polémica en su momento, porque la delegación de estas funciones implicaba la exoneración de responsabilidad del gobernador ante las actuaciones de su secretaria Privada.
Cuestionamientos que no tardaron en llegar. Fueron varias las quejas en contra de Diana Marcela Gutiérrez Carrillo como la encargada de nombrar, revocar, admitir o rechazar renuncias.
La declaratoria de insubsistencia de Leandro Garzón Alonso, un funcionario de la Secretaria de Obras; las presiones denunciadas por Miguel Orlando Ramirez Riaño para que renunciara al cargo de coordinador de área de la Regional de Servicios de Tránsito de Soacha y la declaratoria de insubsistencia de John Freddy Vásquez funcionario del Centro Administrativo Provincial del Sumapaz quien como representante de los estudiantes cuestionó la intención de Gutierrez de modificar la terna para rector de la Universidad de Cundinamarca, se aunó al nombramiento de sus familiares en la Gobernación.
El poder de Gutiérrez Carrillo le alcanzó incluso para lograr que sus primos fueran nombrados en altos cargos de la administración departamental. Es el caso de Eliana Carrillo designada como gerente de la eps Convida. También para que Orlinda Gutiérrez y Yazmín Gutiérrez, llegaran a la gerencia del hospital de La Vega y a la Inmobiliaria de Cundinamarca, respectivamente.
De la misma manera, vinculó a William Vizcaíno también a esa entidad y a Oscar Vizcaino Carrillo como parte de los asesores y posteriormente en la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Pero los tentáculos de poder de Carrillo se extendieron. A finales de 2005 y cuando apenas transcurría el segundo año de la administración de Ardila Sierra, se conoció que uno de los 194 inmuebles incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE y administrado por la Inmobiliaria de Cundinamarca, en virtud de un convenio interadministrativo suscrito por ambas entidades, era habitado por Diana Marcela Carrillo Gutiérrez y su prima Eliana Carrillo Vizcaino.
Se trataba del apartamento 302 ubicado en la calle 74 # 1-08 en el barrio Rosales, con un área de 145 metros cuadrados y el cual fue entregado por la DNE a la inmobiliaria departamental mediante acta del 30 de octubre de 2003 y el cual había sido ofrecido en arriendo en metrocuadrado.com por un valor de $3’840.000. Así las cosas, “cumplió su sueño de ser una joven que vivió en un municipio de Cundinamarca casi toda su vida a habitar un cómodo apartamento en uno de los barrios más lujosos de Bogotá”, recuerda uno de las personas más cercanas al exgobernador Ardila”.
Paradójicamente, Diana Marcela Gutiérrez fungiendo como secretaria Privada del mandatario fue nombrada en encargo de la gerencia de la Inmobiliaria de Cundinamarca hasta el 26 de enero de 2004 cuando fue relevada del encargo por su prima Eliana. Justamente, el área comercial de la entidad redujo el canon a $850.000, mientras su familiar estuvo a cargo de la entidad.
Con un precio inferior al del mercado, Arnulfo Alonso Morales, residente en Cáqueza, Cundinamarca, según certificó la Policia Nacional, fue quien suscribió el contrato de arrendamiento del inmueble, aunque sus habitantes siempre fueron las primas Carrillo.
Por estos hechos, la Procuraduría, destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por el término de diez años a Diana Marcela Gutierrez y su prima Eliana Carrillo. Aunque la hoy aspirante a la alcaldía de Cáqueza promovió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría, el 18 de febrero de 2016, el Consejo de Estado con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra, quien mantuvo la inhabilidad.
Precisamente por esta sanción disciplinaria que dejó en firme el Consejo de Estado, Emiliano Castro Rojas solicitó la revocatoria de inscripción como candidata a la alcaldía de Cáqueza de Diana Marcela Gutierrez Carrillo, por el movimiento inscrito por firmas “Cáqueza compromiso de todos”, pues asegura que dicha sanción continúa vigente.
Al respecto, voceros de su campaña afirmaron que la candidata no está inhabilitada para aspirar y que ya no tiene vínculos con Pablo Ardila. “Esto se trata de persecución política en momentos de campaña”, afirmó un integrante de su equipo político que asumió la vocería de Gutiérrez.
De resultar favorecida en las urnas, Diana Marcela Gutiérrez enfrentará una férrea oposición pues no ha llegado al Palacio Municipal y ya su nombre vuelve a estar en el ojo del huracán. En caso contrario, su aspiración electoral es una prueba que después de una década en la que prefirió un bajo perfil quiere volver a las mieles del poder.
Aunque oficialmente apenas estuvo en la mitad de la administración del gobernador Pablo Ardila, Diana Marcela Gutiérrez, ha demostrado en la última década tener olfato para la finca raíz.
Según consta en registros de la Superintendencia de Notariado y Registro, la aspirante cuenta con dos inmuebles en Acacias, Meta denominados El Progreso y El Porvenir, otro inmueble en la avenida 4 con 3 rn Cáqueza, Cundinamarca; un apartamento en el sexto piso de la calle 109 con carrera 21 y tres más en el cuarto y Segundo piso de la calle 12 a con carrera 71 C y finalmente otro inmueble también en Acacias, Meta denominado La Ceibita.
Viviendo en Barcelona, España, desde hace varios años, el exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila parece no cortar sus vínculos con Colombia. Renace su cuestionada historia política, esta vez una de sus alfiles, Diana Marcela Gutiérrez, revive en la actividad política, esta vez en la campaña por la alcaldía de Cáqueza, un municipio que maneja un importante presupuesto.
