Una avalancha de decretos de todo tipo continúa expidiendo en los últimos días de su gobierno el presidente Iván Duque. Renuncias y encargos de funcionarios en altos cargos del Estado, designación de otros que quisieron atornillarse en el sector público a pesar de no ser bienvenidos en el nuevo gobierno y hasta 35 nuevos nombres de notarios en interinidad. A ello se suma la adjudicación apresurada de millonarios negocios que causan controversia.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó las más recientes decisiones que ha tomado la Presidencia de la República, en el contexto de un gobierno que tiene menos de una semana para culminar su mandato y que benefician a cercanos a la administración.
Por ejemplo, este viernes 29 de julio mediante decreto 1415 se designó como notario 64 de Bogotá a Rafael Guarín. No tiene experiencia alguna en asuntos de notariado y registro, sin embargo, fungió como Consejero Presidencial de Seguridad en la Casa de Nariño desde el comienzo de la administración Duque, con el padrinazgo del embajador y exprocurador Alejandro Ordóñez y tras trasegar por varios partidos, logró la designación como notario.
El primer mandatario nombró a Janeth Abello Jiménez como notaria 11 del Círculo de Barranquilla. En otro decreto se aceptó la renuncia de Abelardo de la Espriella Juris como notario 32 de Bogotá, padre del abogado penalista y en su lugar de designó a Guillermo Escolar Florez.
Con una particularidad, el nuevo notario Escolar fungió en 2015 como representante legal de la empresa Inversiones Sofía del Mar SAS. Una empresa que arrendó al Consejo Superior de la Judicatura un inmueble para que funcionaran varios juzgados en Sincelejo por $350 millones, es decir $28 millones mensuales; con dos adiciones más una por $137 millones y otra por $24 millones.
Otra designación, como notario segundo de Dosquebradas, Risaralda, se nombró a Francisco Javier Gómez Soto y en la notaría 16 de Medellín a Juliana Oliva Zuluaga Arizmendy. Esto para citar solo algunos de los más de 35 nombramientos notariales que ha efectuado el actual gobierno.
Así mismo, se han proferido otros decretos aceptando renuncias como el de Camilo Gómez Alzate quien estará hasta el próximo 4 de agosto como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado porque aspira ser magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de la magistrada saliente Gloria Ortíz.
También los viceministros de Justicia Francisco José Chaux Donado y Camilo Andrés Rojas Castro y la superintendente delegada de Notariado y Registro, Goethny García Flórez quienes decidieron dar un paso al costado, en busca de nuevas oportunidades en el sector privado.
Otros en cambio se atornillaron al sector público, a pesar de que no son vistos con buenos ojos por el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y las comisiones de empalme que designó.
Mediante decreto 1423 también del 29 de julio fue designado el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto en reemplazo de Haydee Cerquera Lozada en una de las entidades más técnicas del Estado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Barreto tuvo fuertes cuestionamientos cuando aspiró a ser parte de la Corte Interamericana de Justicia, ya que fue descalificado por los jurados quienes argumentaron su falta de formación en el área y trayectoria específica, así como el resultado de las entrevistas.
Otra diferencia pública la tuvo con Plural Comunicaciones, Canal 1, cuyo gerente públicamente le reclamó el tema de la participación de los canales en la torta publicitaria. Pero la respuesta de la Superintendencia fue abrirle varias investigaciones al medio de comunicación.
Así mismo, fue uno de los funcionarios de la administración Duque peor evaluados por los empresarios, según un informe realizado por el diario La República, en donde obtuvo una calificación de 2.6 sobre 5.0
Pese a sus antecedentes y sin tener conocimiento específico en materia minero energética fue designado por el presidente Duque como miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. Se trata de una entidad fundada en 2007 y encargada de regular los servicios de electricidad y gas, según las leyes 142 y 143 de 1994.
La otra funcionaria que quedará atornillada por un periodo de cuatro años es Natasha Avendaño quien pasó ser superintendente de Servicios Públicos también a la Creg.
Con una particularidad, Duque tendrá la mayoría para la toma de decisiones en esta entidad, pues a mediados de mayo también nombró a Luis Julián Zuluaga López en esa Comisión.
Estás designaciones se dan Justo en momentos en que el gobierno saliente le metió el acelerador a la adjudicación de la controvertida planta Regasificadora del Pacífico, un negocio por tres billones de pesos que se le entregará a perpetuidad a un privado y que pagarán los colombianos en el recibo del gas.
Cómo lo ha advertido esta Agencia, la Regasificadora tiene control de advertencia de la Contraloría pues afecta social, económica y ambientalmente al sur occidente del país, y tiene concepto negativo de la Dimar pues afecta el puerto de Buenaventura.
A este negocio se suma, la adjudicación de las obras del Canal del Dique por tres billones de pesos que ha denunciado la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Argumenta intereses de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el negocio, asunto que la funcionaria ha descartado mediante comunicado conocida este martes. “Soy víctima de un matoneo inclemente”, aseguró, al tiempo que negó tener intereses propios en el asunto.
“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia”, puntualizó la vicepresidenta.
Otros negocios en ciernes que están en la lupa por la premura en su adjudicación son la adjudicación del espectro electromagnético, la venta de cerca de mil predios incautados a la mafia, ahora en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que se pudo detener parcialmente.
A estos, otras adjudicaciones en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla y la Agencia Nacional Minera, que ascienden en total a los tres billones de pesos.
Al respecto, la respuesta de la Casa de Nariño frente a los procesos en vía de otorgamiento es que la administración Duque gobernará y tomará decisiones hasta el último día de su mandato.
También le puede interesar:
