A finales de 2016, un estudio del Departamento Nacional de Planeación, DNP, evidenció la evolución del negocio de tráfico de drogas en Colombia. El análisis concluyó que el país pasó de ser primer productor mundial para llegar a importante consumidor. Con cerca de un millón y medio de adictos internos, más de la mitad de ellos ubicados en capitales, el mercado empezó a ser manejado por bandas que en los últimos dos años se apoderaron del rentable negocio conocido como microtráfico.
Se trata de una creciente actividad que comercializa a pequeña escala dosis personales no superiores a los 2000 gramos de cocaína y hasta 10 kilogramos de marihuana. Un mercado que se complementa con la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas y que tiene a Colombia ascendiendo al cuarto puesto a nivel de Sudamérica en consumo de drogas. Una realidad que ya es vista como un problema de salud pública y un fenómeno económico que mueve al año más de US$2000 millones en narcomenudeo.
Desde entonces surgieron varias iniciativas gubernamentales para luchar contra ese flagelo. Control de los insumos, campañas de prevención, restricciones en la venta de gasolina y cemento, persecusión a organizaciones criminales, controles en el manejo del efectivo en zonas cocaleras y la expedición a comienzos de octubre del año pasado de un decreto mediante el cual se penalizó el porte y tenencia de la dosis personal.
Una norma que completó su primer semestre de ejecución, con la cual el Ejecutivo, buscó empezar a romper las estructuras del microtráfico desde el creciente consumo de sustancias psicoactivas especialmente en menores de edad y que le da legitimidad a la fuerza pública para destruir la droga y combatir el consumo, hasta ágiles mecanismos de denuncia ciudadana contra las bandas de traficantes.
En este contexto, apareció una nueva idea. El partido Centro Democrático, a través del senador Fernando Araújo Rumié, radicó una iniciativa legislativa que inició la carrera por la aprobación en el Congreso. Se trata del proyecto de ley 142 de 2018 mediante el cual se crea un estímulo para las comunidades que de manera organizada, esto es, a través de las juntas de acción comunal, contribuyan a denunciar y combatir el microtráfico y el narcomenudeo en el país, pero específicamente en los barrios o jurisdicciones donde estén constituidas.
La iniciativa pretende que los bienes en extinción de dominio le sean entregados a manera de donación a esas juntas a cambio de la colaboración que estas presten a la justicia y que permitan la neutralización de la comisión de los delitos de elaboración, almacenamiento, transporte, venta o uso de estupefacientes y la utilización de inmuebles para este fin.
En ocho artículos se desarrolla este proyecto de ley que pretende que los inmuebles que sean utilizados para el microtráfico sean donados a las organizaciones comunales, siempre y cuando, a través de éstas se logre la identificación de los mismos y la neutralización de las denominadas “ollas” que permitan la acción de la justicia. El autor de esta iniciativa asegura que se trata de “un instrumento legítimo para lograr La Paz Social”.
En diálogo con la Agencia de Periodismo Investigativo, el senador Fernando Araújo señaló que “el proyecto propone que la comunidad organizada denuncie la utilización de un inmueble para la venta al detal o almacenamiento de droga. En tal sentido, el Estado le entregará a la comunidad el inmueble denunciado después del proceso de extinción de dominio”.
La donación estaría a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y esta se llevaría a cabo apenas se declare la extinción de dominio del inmueble. Sin embargo, dicha donación solo se haría efectiva si la comunidad, representada en las juntas de acción comunal, entrega información veraz, oportuna y efectiva.
Así mismo, se advierte que la donación es una compensación que se le da a la comunidad que entregó a las autoridades información que permita la incautación de elementos ilícitos, captura en flagrancia o para que a través de esta se puedan emitir órdenes por parte de la justicia que contribuyan a desmantelar estas actividades delictivas.
El proyecto establece que en el proceso judicial se deben anexar como documentos para probar la colaboración; certificado del Comandante de Policía o de la autoridad responsable del procedimiento penal en el cual se deje constancia que la información entregada por la comunidad cumplió con los requisitos en la iniciativa que es efectiva, veraz y oportuna. Se entiende cómo efectiva si esta condujo a la captura, incautación, que permita identificar los bienes y objetos que se utilizan en esta actividad criminal. Así mismo, se advierte que es oportuna si cuando se entrega la información aún se está cometiendo el delito del microtráfico y por lo tanto se puede aplicar la justicia penal y los denunciados no podrían alegar prescripción o caducidad de la acción penal.
Entre los demás documentos que deben obrar en el expediente también están un documento escrito que debe realizarse antes de la captura o incautación, el cual debe estar diligenciado en los formatos de entrevista, fuente no formal, entrevista o declaración jurada. Fotocopia del acta de constitución de la junta de acción comunal de la jurisdicción que entrega la información indicando los límites de su jurisdicción. Por último, fotocopia de cédula de ciudadanía de los responsables del organismo de acción comunal.
Paradójicamente y a pesar de que se definen los documentos que deben aportarse al proceso para poder efectuarse la donación a la respectiva junta, en el artículo tercero se establece la protección de identidad. Es decir, que teniendo en cuenta el riesgo que implica para la comunidad que entrega la información y ante posibles repercusiones contra la integridad personal de los informantes se indica que los nombres y otros datos personales, serán en estricta confidencialidad e impone que las autoridades que reciban la información solo la pueden entregar al juez de conocimiento.
Al respecto, el senador Araújo expresó que el proyecto alinea los intereses de la comunidad y las autoridades en la lucha contra el microtráfico. También lo combate, permite a las comunidades acceder a bienes para su aprovechamiento colectivo y al denunciante se le puede garantizar la confidencialidad de su identidad.
Según información obtenida por el autor de la iniciativa en la Casa Blanca en Estados Unidos, se advierte que los cultivos de coca aumentaron en un 11% alcanzando una cifra récord de 209.000 hectáreas. Así mismo, se cuantifica un aumento en la producción potencial del alcaloide, la cual pasó de 772 toneladas en 2016 a 921 toneladas en 2017. Convirtiendo a Colombia en el mayor productor de coca en el mundo.
Sin embargo, la cocaína no es el único dolor de cabeza ni justificación del proyecto de ley. También la marihuana. Según la dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, solamente en el departamento del Cauca, en un solo año los cultivos se triplicaron. De 88.9 hectáreas de marihuana detectadas en el 2015, se pasó a 233.6 hectáreas en el 2016, registrando un aumento del 62%
Por su parte, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el consumo de drogas pasó del 8.8% en 2008 al 12.2% en el 2013. La marihuana es el psicoactivo más consumido en Colombia con un 87%, seguido por cocaina, bazuco y éxtasis.
En el caso concreto del microtráfico y el narcomenudeo se establece que es apremiante combatir las denominadas “ollas”, porque las zonas donde logran su asentamiento es cooptado por las bandas criminales, bacrim. Generando otros delitos como hurto, extorsión, secuestro extorsivo.
A ello se suma un informe de la Fiscalía que establece que ahora los narcos prefieren comercializar la droga al interior del país que exportarla. “La rentabilidad del comercializados en el narcomenudeo puede ascender al 1.400%, mientras que en la fase de industrialización es del orden del 700%” indicó el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el narcomenudeo en el 2015 movió alrededor de $6 billones lo que equivale al 0.75% del PIB. Se estima que de ese valor, $300.000 millones corresponde al cultivo y producción, $2.5 billones a las bandas que las distribuyen y $3.2 billones a los expendedores de droga. Los principales departamentos afectados con el narcomenudeo son Cundinamarca con un 22%, Valle del Cauca el 14%, Antioquia 12%, Magdalena 7% y Santander 5%.
Es la nueva iniciativa en la lucha contra la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes. En momentos, en que siguen creciendo los cultivos ílicitos y el país se consolida como el mayor productor de droga en el mundo, involucrar a la comunidad y otorgarle beneficios por colaboración puede contribuir a reducir una economia criminal que desde hace décadas es el lastre del país.
