Mauricio Zuluaga Espinal, paramilitar condenado a 30 años de prisión por la masacre de Punta Coquitos, ocurrida el 11 de abril de 1988 en el municipio de Turbo, Antioquia, murió el pasado miércoles. Un cáncer en la vesícula con lesiones cerebrales terminó con su vida.
Luego de tres años de insistencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por fin, fue escuchado por primera y última vez, seis días antes de su fallecimiento. No alcanzó a contarlo todo, estaba en cuidados paliativos y el tribunal lo sabía. A su tumba se llevó la verdad de varios de los episodios más dolorosos del país; masacres cometidas por las autodefensas que aún no se aclaran.
La iniciativa del miembro de las autodefensas comenzó el 10 de marzo de 2017. Ese día, Zuluaga escribió a la JEP que quería ser aceptado para contarlo todo.
Detallaría, entre otros casos, cómo ordenó el asesinato de 17 hombres que invadieron su hacienda. Cómo contrató a 20 mercenarios armados hasta los dientes para sacar del predio a supuestos campesinos invasores y cómo transportaron sus cuerpos en costales a la orilla del mar.
Privado de su libertad, enfermo y con el peso de ser el determinador de la masacre, comenzó el trámite para limpiar su conciencia, contar la verdad y explicar quienes fueron sus cómplices. Inició el papeleo, pero transcurrieron tres meses sin respuesta.
El paramilitar cumplía su condena de tres décadas de prisión. La compasión que no tuvo con sus víctimas, la recibió del Estado. Cuando apenas empezaba a responder por sus crímenes en prisión, fue enviado por un juez a detención domiciliaria porque el cáncer comenzaba a carcomerlo.
Entretanto, pasaban los meses y la respuesta a su petición de contar la verdad hacia oídos sordos. Por fin, un año después, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, SDSJ, de la JEP respondió.
El tribunal le pidió presentar, “el contenido del programa de significación a las victimas”. Para noviembre de 2018, esa instancia profirió una resolución mediante la cual avocó conocimiento de Zuluaga como tercero civil.
Los trámites continuaron. A comienzos del año pasado, el paramilitar envió lo solicitado por el tribunal. Una propuesta de como sería su contribución a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Semanas después, la SDSJ emitió otra resolución en la que aceptó en una primera fase su sometimiento. Negó la libertad condicional y le advirtió que precisara si quería la sustitución de la sanción penal o la revisión del fallo en su contra proferido por la justicia ordinaria. Zuluaga indicó que lo segundo.
Sobrevino un trámite adicional. El caso pasó a la Sala de Revisión del tribunal de paz que le pidió establecer que plazo necesitaba para presentar formalmente la demanda de revisión. De inmediato respondió que tres meses.
Cumplido el término, Zuluaga presentó la demanda. Había cambiado de parecer. Ya no quería la revisión del fallo, ahora prefería la sustitución de la sanción penal. Su abogada argumentó la ausencia de una causal de revisión de la sentencia.
A comienzos de este año, la Sala de Revisión remitió la solicitud a la Sala de Definición. Ya habían transcurrido tres años desde su solicitud de contar la verdad. Pero el área encargada de definir la situación jurídica no respondió.
Entonces, un nuevo oficio se radicó. Está vez en nombre de las victimas, con una postura similar al propio integrante de las autodefensas. Pidieron que se definiera el sometimiento de Zuluaga y que fuera escuchado lo antes posible, “dada su deteriorada condición de salud”.
Una vez más y por tercera vez la Sala de Revisión ofició a la Sala de Definición. Ordenó en un término de cinco días dar cumplimiento, pero tampoco respondió.
El tiempo seguía pasando, ya era 4 de junio y la situación de Zuluaga estaba en el limbo. Su abogada envió sendos comunicados a la JEP informando el grave estado de salud e insistió en la voluntad de declarar antes de su fallecimiento.
“El señor Zuluaga Espinal se encuentra en un programa de cuidados paliativos al final de la vida, derivados de la enfermedad que viene padeciendo desde el año pasado, la cual había sido informada a la Jurisdicción para que se diera celeridad al proceso, sin embargo, hasta el momento mi representado no ha sido escuchado como compareciente en ninguna declaración”, informó la defensora.
Enterada de la apremiante situación y consciente de que en instancias anteriores el trámite no fue expedito, una funcionaria de alto nivel en la JEP, tomó cartas en el asunto. La magistrada Caterina Heyck Puyana, ordenó con urgencia escuchar a Zuluaga Espinal.
Para ello, comisionó de manera prioritaria a la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal, a fin de identificar a las victimas y al Grupo de Análisis, para detallar el contexto de los hechos de la masacre de Punta Coquitos y así establecer el aporte a la verdad del paramilitar.
Hace dos semanas, el 15 de julio y agonizando, Zuluaga por fin rindió declaración y relató una mínima parte de la barbarie. Una semana después murió.
Mauricio Zuluaga Espinal fue condenado a 30 años de prisión el 17 de junio de 1991. Homicidio y terrorismo fueron los delitos endilgados . El entonces Tribunal de Orden Público eliminó el delito de terrorismo y dosificó su pena en 27 años.
Sus víctimas recuerdan la masacre con máxima afectación. Los hechos que motivaron la condena son espeluznantes.
Era 11 de abril de 1988. Una veintena de hombres armados llegó hasta la inspección de Currulao en el municipio de Turbo, Antioquia. En este lugar, sacaron a 30 hombres por la fuerza. Eran terrenos ubicados dentro de la ganadería San Jorge, de un sitio denominado, “invasión de tierras en recuperación”.
Los pusieron en fila y los amarraron de las manos. Así los trasladaron hasta Punta Coquitos. Días después, hallaron los primeros cadáveres en la orilla del mar. Luego, en costales, aparecieron los demás cuerpos.
En la sentencia de la justicia ordinaria conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, quedó consignado que Zuluaga fue el determinador, para esa época definido como el autor intelectual de esa masacre.
“El deseo de desalojar a los invasores de una gran franja denominada La Recuperación la cual era habitada por los sujetos pasivos de esa masacre y deshacerse de quienes le habían usurpado sus tierras y con quienes las negoció mediante engaño”, se lee en un aparte de la sentencia que en un principio pretendió revisar ante la JEP pero que luego Zuluaga, en su lecho de muerte cambio de decisión.
Durante su vida criminal tuvo el alias de Francisco Javier. Además de la masacre de Punto Coquitos se le endilga la masacre de la hacienda La Negra y La Honduras en 1988, así como de otros crímenes en el Urabá antioqueño.
Mauricio Zuluaga Espinel fue sepultado la semana pasada. Se llevó a la tumba múltiples secretos de la barbarie que por décadas cometieron las autodefensas en Colombia. La JEP sigue su marcha.
