De las 1.900 demandas que cursan en los juzgados en contra de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, procesos sin causa definida o pérdida de bienes incautados, entre otros, que oscilan los $2 billones, hay una en particular que deja en entredicho por sus actuaciones al ente acusador.
Se trata de la demanda de reparación directa que interpuso la actriz y cantante, Carolina Sabino en contra de la Fiscalía que luego de interceptar las comunicaciones de su hermana Lina evidenció un aborto y afectó su carrera profesional.
Carolina Sabino terminó protagonizando su propia novela, cuando su nombre cayó en el torbellino de una coyuntura política, la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014 y un proceso penal que se derivó de la competencia electoral con Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Uribismo.
El 5 de mayo de 2014, 20 días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial,el CTI de la Fiscalía llegó hasta una oficina en el norte de Bogotá y luego de ejecutar una orden de registro y allanamiento hizo efectiva la captura en contra de Andrés Fernando Sepúlveda, denominado mediáticamente como ‘el hacker’ y señalado públicamente por el entonces fiscal Eduardo Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo como responsable de torpedear el proceso de paz con las Farc.
Para ese momento, los dos exfuncionarios expresaron que Sepúlveda era un experto en informática que espiaba la campaña presidencial de Santos y los negociadores de paz en La Habana.
Sin embargo, años después quedó claro que el hacker solo había culminado estudios de bachillerato, que la manera en la que obtuvo información confidencial fue a través de sobornos a agentes que tenían acceso a organismos de inteligencia y que en el año 2010 había trabajado para el polémico asesor JJ Rendón para la campaña de Juan Manuel Santos, en esa época candidato del Uribismo. Luego de aceptar el delito de espionaje, Sepúlveda fue condenado a una pena de 10 años de prisión que purga actualmente en la cárcel de alta seguridad de Picaleña ubicada en el departamento del Tolima.
Este episodio que partió en dos las elecciones del año 2014 y que aún son objeto de señalamientos mutuos entre el santísimo y el uribismo y del que con los años se han venido conociendo más detalles, trajo consecuencias políticas y penales para muchos, incluso, el pasado primero de febrero la justicia absolvió a Luis Alfonso Hoyos, el asesor espiritual de la campaña de Zuluaga involucrado en el mismo episodio del hacker.
Pero Hoyos no fue el único afectado con este caso. La compra de información confidencial y las maromas de Sepúlveda en la campaña de Zuluaga trajo consecuencias en su propia familia. Su cuñada, la actriz Carolina Sabino, la hermana de su pareja sentimental, Lina Luna con quien tiene un hijo, llevó una de las peores partes en un asunto del que siempre ha sido ajena, la política.
Justamente, en el año 2014, luego de que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, el almirante Álvaro Echandía le compulsara un supuesto anónimo que le había llegado sobre un presunto espía en la campaña de Zuluaga a la Fiscalía, el CTI inició una labor de investigación que incluyó interceptaciones telefónicas.
En el marco de esta investigación el ente acusador interceptó las comunicaciones de la pareja sentimental de Sepúlveda, la actriz, Lina Luna Rodríguez y su hermana Carolina Sabino. Lina, es recordada en el público por su interpretación de Marcela Mejía en la serie Francisco el Matemático y de Kelly Rocha en Casados con Hijos y quien en el 2008 abandonó la pantalla chica para dedicarse junto con su esposo, al marketing político.
La actriz, en ese entonces de 31 años, es hija de la artista Miryam de Lourdes. Empezó su carrera a los cuatros años en los programas Noti Tuti Cuanti e imagínate. A los 18 años modificó su apellido de Rodríguez por el de Luna, en agradecimiento a su padrastro Julio César Luna quien fue como su padre desde que él llegó a la vida de su familia cuando ella apenas tenía 3 años. Lina es la hermana menor de otra estrella de la farándula en la década de los 80, 90 y 2000 Carolina Sabino Rodríguez.
Sabino, modelo, cantante y actriz, tiene en su haber más de una veintena de papeles protagónicos y otro tanto de galardones, entre premios Tv y Novelas e India Catalina. Es recordada por papeles en novela como Guajira, Las Juanas, Eternamente Manuela, El Fiscal, Pasiones Secretas, entre otras producciones. También por ser una de las vocalistas al lado de Danna García en la agrupación Luna Verde.
Pero una llamada entre las dos hermanas, cambió la vida de Sabino. El 13 de agosto de 2014, el CTI puso en conocimiento de la Fiscalía 324 local, la posible comisión del delito de aborto. Al día siguiente la entidad, a partir de la interceptación, abrió la noticia criminal 2014-00015 en contra de Carolina Sabino.
El ente acusador, esta vez, bajo las directrices de la Fiscal 56 ante el CTI dentro de las investigaciones preliminares se desplazó hasta la Fundación Oriéntame y obtuvo copia de la historia clínica de la actriz. Según,se desprende de documentos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo API, de la misma historia clínica se desprende que Sabino acudió a dicha Fundación.
Allí en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en los casos en que está despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo en el país llegó la actriz. Es decir, cuando el embarazo es producto de violación, incesto o inseminación artificial forzada; cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida fuera del útero; o cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o la salud de la mujer, física o mental.
Uno de los objetos de reproche en la demanda administrativa es el manejo que la Fiscalía le dio a su caso, la violación a su intimidad y a su historia clínica, que tiene reserva legal. “El 11 de septiembre de 2015, la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de su oficina de prensa, a través de la aplicación WhatsApp, envió un mensaje a un grupo de periodistas informando que se le imputarían cargos a la señora Carolina Andrea Sabino Rodríguez por el presunto delito de aborto”.
La noticia causó el efecto contrario. La indignación colectiva en redes sociales, así como de académicos, penalistas, constitucionalistas, asociaciones de mujeres y demás, conllevó a que el entonces fiscal, Eduardo Montealegre hiciera un pronunciamiento público en el que quedó claro que la entidad haría un revés en la investigación. Fue tal el escándalo que el propio Procurador General de La Nación, Alejandro Ordoñez, conocido por sus posiciones antiaborto, defendió a la actriz y señaló que la Fiscalía había violado el debido proceso en este caso.
El senador del partido de la U, Roy Barreras, afirmó en ese momento, “no solo se persiguió a Carolina Sabino, si no a todas las mujeres”. Lo propio sucedió con el exconstitucionalista, Humberto Sierra quien señaló, “el fiscal quedó peor que el procurador en el caso de la actriz Sabino”. De otro lado, el representante del Partido Centro Democrático, Santiago Valencia dijo que “al Fiscal le interesa el aborto de Carolina Sabino pero no los miles de abortos en las Farc”
Para el equipo de abogados de la actriz, es evidente que la Fiscalía transgredió todas las obligaciones legales y éticas con las que se debe conducir un proceso penal. Afirman que se desconoció el artículo 66 del sistema penal acusatorio y tres sentencias de la Corte Constitucional.
“Como consecuencia del escarnio público al que se vio sometida la señora Carolina Sabino, derivado de las filtraciones ilegales de su investigación penal, afectadas por la Fiscalía, y aunado a la afectación emocional que se produjo en ella y su núcleo familiar, mi poderdante vio frustradas completamente su participación en proyectos televisivos, actorales y de campañas publicitarias, cuya contratación era inminente”. Se establece en una de las piezas procesales.
Asimismo, se deja en evidencia que la Fiscalía dio a conocer a los medios de comunicación, copia de la historia clínica de la actriz, “violando flagrantemente el derecho a la intimidad que la protegía y a la reserva legal que pesa sobre este tipo de documento”.
Mediante la resolución 0-258 del 15 de octubre de 2015, se asignó a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que determinara objetiva y razonablemente si existía mérito para continuar con la acción penal en contra Carolina Sabino.
Cuatro meses después, en febrero de 2016, la fiscal y con las pruebas recaudadas, ordenó el archivo de la investigación. “Todos estos elementos permiten concluir que la conducta desplegada por la investigada no encaja dentro del tipo penal de aborto pues no se evidencia los presupuestos elementales del tipo penal de aborto arriba descritos. Sobre todo se tiene en cuenta que la interrupción del embarazo se debió a que la continuación del mismo constituía un grave peligro para la salud física y mental de Carolina Sabino”. Concluyó la fiscal al no encontrar mérito para acusar a la actriz.
Las pretensiones económicas en la demanda en contra de la Fiscalía, fueron tasadas en $300 millones por lucro cesante, pues según las pruebas que analiza el juzgado administrativo, esta suma corresponde a lo que dejó de percibir a partir del 11 de septiembre de 2015, “por concepto de los contratos de trabajo en proyectos televisivos que se vieron completamente frustrados por el desprestigio y afectación de la imagen personal que sufrió la demandante, como consecuencia de la filtración ilegal de la investigación penal”.
En cuanto a los perjuicios por daño moral, la demanda versa sobre $100 millones por el dolor y la afectación emocional que le produjo el verse sometida al escarnio público, la vulneración de su intimidad y la que advirtieron cómo mancilla en su nombre, honra y reputación personal y profesional.
De otro lado y en su calidad de afectados, su hijo, su madre Miryam de Lourdes, sus hermanos Lina y Joaquin, cada uno, solicita a título de daño antijurídico la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para un total de 804 salarios mínimos legales vigentes equivalentes a $544 millones.
También se solicita al juez, que condene a la Nación y por lo tanto el Fiscal General, en un acto público y con la convocatoria de los medios de comunicación y de la comunidad, le ofrezca excusas a Carolina Sabino, por la filtración ilegal de la investigación penal, por el dolor, afectación emocional, escarnio público, vulneración de la intimidad y “mancillamiento a su nombre, honra y reputación personal y profesional que aquello le produjo”.
Para ello, se aportaron más de 14 pruebas, entre las que se destacan la constancia de no conciliación expedida por la Procuraduría General de la Nación, las publicaciones en radio, prensa y televisión del comunicado emitido por la Fiscalía, la historia clínica, el archivo de la investigación, copias de facturas a Fox Telecolombia, copia de la declaración de renta, de Industria entre otros documentos, dentro de un voluminoso expediente.
Han pasado más de cinco años del caso. El próximo 31 de julio, Carolina Sabino cumple 42 años de edad. Con su capacidad profesional intacta y madurez profesional busca justicia y reivindicar su nombre que se afectó luego de las encarnizadas disputas por la presidencia entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga.
