Es el alma mater de muchos profesionales exitosos. Patricia Salazar Cuellar de la Sala Penal, Aroldo Quiroz Monsalvo de la Sala Civil y Luis Gabriel Miranda de la Sala Laboral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son algunos de sus referentes. Se trata de la Universidad Autónoma de Colombia, ubicada en el barrio La Candelaria, en pleno corazón del centro de Bogotá. Justo en el mismo lugar donde funcionó la Clínica Central, una institución recordada porque, el 9 de abril de 1948, allí, falleció el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.
Con 16 programas en pregrado, 22 en posgrado, seis maestrías y con alrededor de 5.000 estudiantes, la Universidad Autónoma, ha sido la tabla de salvación de estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 quienes en jornadas diurnas o nocturnas han podido cumplir su meta de ser profesionales.
Sin embargo, hoy atraviesa una profunda crisis que la tiene en cese de actividades desde el pasado 20 de mayo. Una juez acaba de fallar una acción de tutela, interpuesta por un estudiante de la institución educativa, que le ordena a la universidad reiniciar actividades en 48 horas y no afectar el semestre académico.
Fundada en 1971 por un grupo de docentes que promulgaban la libertad de cátedra y pluralismo ideológico, como reza en sus estatutos. Inicialmente se llamó Fundación Educacional Autónoma de Colombia, Feac, pero en 1982 cambió su nombre al actual Fundación Autónoma de Colombia o Universidad Autónoma de Colombia como es conocida.
Frecuentemente la confunden, por el nombre, con la Universidad Autónoma del Caribe, en el ojo del huracán desde hace varios años por cuenta de sus exrectores Silvia Gette y Ramses Vargas, presuntos responsables del desfalco de dicha institución del Caribe. No obstante, la Autónoma de Colombia, no tiene relación alguna con esa institución educativa de la Costa Atlántica.
En contraste, sus fundadores y directivos, como su rector Ricardo Mosquera Meza, se enorgullecen de que en la universidad han egresado un buen número de personas destacadas en el litigio y la Rama Judicial, pues la facultad de Derecho es la más conocida y destacada de la institución.
El conflicto de la Uniautónoma se hizo evidente el pasado 20 de mayo, cuando los miembros de los sindicatos de profesores y de trabajadores, votaron el inicio de una huelga. Con una votación de 332 sufragios a favor y 129 en contra, se impidió el acceso a la universidad de estudiantes y docentes no sindicalizados que tenían la voluntad de no afectar el semestre académico de los educandos quienes estaban justo presentando exámenes finales.
La causa esencial que originó esta decisión es la falta de pago de salarios a docentes y trabajadores desde hace varios meses. Las cifras oficiales conocidas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, no favorecen a la institución. Ningún programa académico cuenta con acreditación de alta calidad, el deterioro de sus instalaciones es evidente, y el número de estudiantes va en caída libre.
De hecho, pasó de 7.000 a 5.000 alumnos comparando dos semestres académicos. El déficit fue de $11.200 millones en 2018 y su patrimonio que se ha reducido, han encendido las alarmas de trabajadores y estudiantes.
La decisión de la huelga dejó en el limbo académico a miles de estudiantes. Por ello, Juan Carlos Jiménez Bautista, un estudiante de esa Universidad, abrumado por no poder terminar el semestre y dejar inconclusos los exámenes finales, decidió interponer una acción de Tutela.
Precisamente, la tabla de salvación temporal, vino del juzgado 28 penal municipal de Bogotá, que en las últimas horas, le halló la razón al estudiante quien demandó a la Universidad Autónoma de Colombia y a los sindicatos de profesores y de trabajadores, Sintrafuac y Sinprofuac quienes el pasado 20 de mayo convocaron a una huelga con cese de actividades académicas y administrativas.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo mediante acta 07, avaló la votación. Desde entonces, se ha visto afectado el calendario académico de los estudiantes que estaban en exámenes finales y otros en proceso de grado.
El argumento del demandante es que Sinprofuac, el sindicato de profesores, fue registrado en el Ministerio de Trabajo, el 16 de mayo de 2016 pero este no cuenta con representación legal. Lo mismo ocurre con el sindicato de profesores. Afirma que el periodo de elección por dos años, finalizó, “de tal manera que se encuentra usurpando esos cargos, por lo que la convocatoria a la huelga no les competería a ellos, pero si están afectando a la comunidad estudiantil”.
Para el accionante, la huelga de los sindicatos está impidiendo que los estudiantes puedan finalizar el semestre académico, pues este fue cancelado, porque según afirma, los sindicatos no permiten el ingreso de estudiantes, ni de personal administrativo, a pesar de qué hay profesores y trabajadores que quieren culminar el semestre académico.
Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educación, se sustrajeron de la crisis que afronta la Universidad Autónoma. El primero advirtió que no puede invadir las competencias de la Jurisdicción laboral. En cuanto al Segundo, dice desconocer por completo lo que sucede en el alma mater y que por lo tanto está situación solo le compete a la universidad, por el principio de autonomía universitaria.
Con un detalle adicional, el juzgado no pudo notificar a la universidad porque, “no se permitió el ingreso de los notificadores a la institución educativa” así las cosas tanto a la institución como a los sindicatos se les notificó por correo electrónico, pero no se recibió respuesta.
A pesar de los obstáculos para corroborar los hechos, la juez encontró que se estaba vulnerando el derecho a la educación de Jiménez Bautista y los demás estudiantes de la Universidad Autónoma, “pues no han podido recibir los servicios de educación contratados con esta entidad, por los cuales pagaron, realizando su matrícula y cesando gran parte del periodo académico del primer semestre de 2019”. El fallo advierte que la causa es la negligencia de la universidad al incumplir sus obligaciones laborales con trabajadores y profesores.
Así las cosas, ordenó al representante legal de la Universidad Autónoma de Colombia, que en un término de 48 horas reanude las clases y culmine el periodo académico. Es el inicio de una crisis, oculta por un largo periodo, y sobre la cual sus directivos guardan silencio.
