Procuraduría critica informe de Contraloría sobre desvíos en recursos de EPS

La Procuraduría General de la Nación ha manifestado un enérgico rechazo al reciente informe de la Contraloría General, que denuncia desvíos millonarios en los recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La procuradora delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, cuestionó la validez y base legal de las acusaciones que sugieren que las EPS habrían utilizado más de 5 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del año 2020 para cubrir deudas de ejercicios fiscales anteriores.

Según el informe de la Contraloría, los fondos de la UPC de 2020 fueron destinados incorrectamente a servicios médicos no correspondientes a ese año, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal. Este principio establece que los recursos de un año fiscal deben emplearse exclusivamente para gastos del mismo periodo. La Contraloría sostiene que, al aplicar estos fondos a deudas anteriores, las EPS violaron esta norma.

En respuesta, la procuradora Ojeda ha criticado duramente el informe, argumentando que la aplicación del principio de anualidad a las EPS no tiene fundamento legal. En su comunicado dirigido al contralor general Carlos Hernán Rodríguez, Ojeda expresó: “esta Procuraduría delegada ha advertido un grave desacierto por parte del equipo auditor al considerar que las EPS deben adherirse al principio de anualidad del presupuesto general”.

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Además, Ojeda subrayó que la propuesta de la Contraloría resulta incompatible con las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha resuelto históricamente los conflictos sobre devoluciones o glosas a facturas de manera definitiva.

El informe de la Contraloría también reveló que Nueva EPS habría destinado alrededor de 35.000 millones de pesos de la UPC a gastos no relacionados directamente con la prestación de servicios médicos. Entre estos gastos se incluyen pagos de honorarios a la junta directiva y vales de gasolina y alimentación, así como actividades recreativas como bailoterapias y clases de yoga.

La Contraloría ha remitido el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría para una investigación más profunda sobre los hallazgos. La controversia continúa mientras ambas entidades defienden sus posiciones sobre el manejo de los recursos en el sistema de salud colombiano.

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