MinSalud aclara que no tiene injerencia en decisiones del Fomag

El Ministerio de Salud aclaró su papel frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas sobre una supuesta participación en la toma de decisiones de ese fondo y delimitar, conforme al marco legal vigente, el alcance real de sus funciones.

En primer lugar, la entidad recordó que, de acuerdo con la Ley 91 de 1989 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud de los docentes corresponde a un régimen exceptuado. Esto significa que cuenta con una estructura jurídica y operativa propia, independiente y no subordinada a las normas generales que expide el Ministerio de Salud para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

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En consecuencia, el Ministerio precisó a la ciudadanía y a la Procuraduría General de la Nación que, por mandato legal —artículo 6 de la Ley 91 de 1989—, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no integra el Consejo Directivo del FOMAG. Por lo tanto, esta cartera no tiene voz, voto ni facultad resolutiva o decisoria en la definición de los modelos de contratación, las coberturas ni las condiciones de prestación de servicios dirigidas a los educadores.

Asimismo, se indicó que cualquier interacción entre el Ministerio de Salud y el Fomag se limita exclusivamente a la prestación de asistencia técnica, en aplicación del principio de colaboración armónica entre entidades del Estado. Dicha cooperación, aclaró la cartera, no implica injerencia alguna en las decisiones autónomas que la ley asigna de manera exclusiva al Consejo Directivo del Fondo.

Cabe señalar que ese órgano directivo está integrado por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, así como por los representantes del Magisterio, quienes tienen la competencia legal para adoptar las decisiones sobre el funcionamiento del régimen.

Finalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social reiteró su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto estricto de las competencias que la ley asigna a cada entidad, en aras de garantizar claridad pública y el adecuado funcionamiento de los regímenes especiales legalmente establecidos.

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