Keralty denuncia a presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud por injuria y calumnia

El grupo Keralty, matriz de la EPS Sanitas, radicó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación.

La empresa solicitó la apertura de una investigación penal, argumentando que las declaraciones del mandatario del pasado 15 de julio, en las que calificó de criminal al presidente del conglomerado, Joseba Grajales, excedieron el amparo de la libertad de expresión y constituyeron una conducta típica, antijurídica y culpable.

La denuncia, conocida por Blu Radio, sostiene que Petro atribuyó a Grajales y a Keralty hechos que los vinculan con apropiación indebida de recursos del sistema de salud y financiamiento de campañas políticas, afirmaciones que, según la defensa, carecen de sustento probatorio y vulneran el derecho fundamental a la honra y al buen nombre.

El escrito indica que el jefe de Estado actuó con conocimiento y voluntad de formular una acusación grave y sin fundamento, conducta que, a juicio de los denunciantes, configura dolo directo.

Los apoderados de Keralty también alegan que las afirmaciones del presidente no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón reiterado de señalamientos en diversos escenarios, incluidos discursos públicos y publicaciones en redes sociales.

En el documento, la compañía asegura que estos pronunciamientos han derivado en un ambiente de hostilidad que podría afectar a personas extranjeras vinculadas al sector empresarial y de la salud, al tratarse de mensajes emitidos por un servidor público con alto alcance.

La denuncia incluye como anexos enlaces a intervenciones del presidente en medios de comunicación, redes sociales y otros espacios, con el fin de sustentar la solicitud de investigación.

Adicionalmente, Keralty presentó ante la Fiscalía General una querella contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones que, según la empresa, también lesionan la reputación de Grajales y del grupo empresarial.

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En este segundo caso, Keralty argumenta que Jaramillo, durante una entrevista radial concedida en julio de 2025, afirmó que el presidente del conglomerado había recibido 2.300 millones de dólares no auditados, que generó desorden en el sistema de salud y que sus compañías obtuvieron ganancias significativas durante la pandemia.

Para la defensa de Keralty, dichas afirmaciones, aunque expresadas como especulaciones, fueron presentadas con apariencia de hechos verificados, lo que, sumado a la calificación indirecta de criminal, configura una imputación lesiva y falsa susceptible de ser considerada calumnia.

Los apoderados del grupo sostienen que, en el caso del ministro Jaramillo, el impacto de las afirmaciones se agrava por su condición de servidor público, que exige mayor rigor en el manejo de información sensible.

Además, el escrito advierte sobre la solicitud del ministro de levantar el velo corporativo de Keralty, medida que, según la empresa, podría vulnerar principios de legalidad, reserva societaria y libertad empresarial.

Keralty insiste en que tanto las declaraciones del presidente como las del ministro exceden los límites de la libertad de expresión al constituir acusaciones públicas sin pruebas, y solicita que se actúe judicial y disciplinariamente para restablecer las garantías al buen nombre y a la reputación de la compañía y de su representante legal.

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