Embargos a recursos de la salud afectan $2,6 billones del sistema, advierte la Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud alertó que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) presentan una afectación aproximada de $2,6 billones como resultado de 291 medidas cautelares de embargo, según un análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el estudio se fundamentó en la información remitida por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de ejercicios de autorreporte. La situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, al comprometer el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios y al pago de hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red.

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Desde una perspectiva territorial, el análisis evidenció que Bogotá D.C., Antioquia (municipio de Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados a la fecha.

En cuanto a la concentración por actores del sector, la Supersalud indicó que Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos, interpuestos por redes de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes. Esta situación refleja tanto el volumen de procesos judiciales en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas.

La Superintendencia reiteró que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que deben destinarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, recordó el Concepto Unificado emitido el pasado 19 de enero, en el que se establece la regla general de la inembargabilidad de estos recursos, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional.

El análisis consolidado de los procesos judiciales pone de presente la necesidad urgente de fortalecer la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a los embargos, así como de mantener un seguimiento permanente a su impacto sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de los recursos públicos del sistema de salud.

Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, reiteró su llamado a la protección integral de los recursos de la salud, destinados exclusivamente a garantizar la atención de los afiliados y la sostenibilidad del sistema, en línea con lo señalado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

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