Tribunal de Antioquia anula resoluciones del MinMinas que buscaban proteger a Air-e

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulas tres resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que, según el fallo, fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder, al invadir funciones propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

La decisión se dio tras una demanda presentada por ISA, ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A. contra las resoluciones 40307, 40359 y 40409 de 2024, con las que el Ministerio había adoptado medidas transitorias para garantizar la continuidad del servicio de energía en el mercado operado por Air-e.

El Tribunal determinó que esas disposiciones, emitidas en agosto de 2024, excedieron las facultades del Ministerio, pues asumieron decisiones regulatorias que correspondían exclusivamente a la Creg. En la práctica, las resoluciones impedían aplicar sanciones o medidas contra Air-e por falta de pago a las generadoras eléctricas.

Aunque los demandantes solicitaron una reparación económica, el Tribunal negó esa pretensión, limitando el fallo a la nulidad de los actos administrativos.

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La empresa Air-e manifestó que la decisión corresponde a una primera instancia y que ejercerá los recursos legales pertinentes. Además, aclaró que las resoluciones anuladas “estuvieron vigentes únicamente hasta el 31 de diciembre de 2024” y que, por tanto, “ya no producen efectos jurídicos en la actualidad”.

Air-e destacó que el marco regulatorio que impide la limitación del suministro de energía a empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sigue vigente bajo las normas de la Creg.

“Ambos actos administrativos mantienen presunción de legalidad y no han sido suspendidos ni anulados por autoridad judicial alguna. En este contexto, la protección regulatoria y legal que ampara a las empresas intervenidas ante posibles restricciones en el suministro continúa vigente dentro del marco jurídico establecido”, señaló la compañía.

En su fallo, el Tribunal también declaró la legalidad de la resolución expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos para la toma de posesión de Air-e, al considerar que la medida de intervención se ajustó tanto a la Constitución como a la ley.

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