Polémica por cobro de impuesto a la seguridad en recibo de la luz

Este jueves en las primeras horas de la mañana un grupo de ciudadanos adelanta una manifestación frente a la sede de la Gobernación del Cesar.

El motivo principal de la protesta es el rechazo al proyecto que busca establecer la denominada "Tasa de Seguridad", un impuesto que se encuentra en discusión en la Asamblea Departamental.

La iniciativa, de ser aprobada, afectará económicamente a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio y la industria del departamento. Según lo estipulado en el proyecto, el cobro del impuesto se realizará a través de las facturas de energía emitidas por Afinia, con tasas diferenciadas según el tipo de usuario.

Para los usuarios comerciales e industriales, se aplicará un 10 % adicional sobre el total de su factura, mientras que para los usuarios residenciales de los estratos mencionados la tasa será del 9 %.

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Impacto económico en los contribuyentes

El impacto económico de esta medida es significativo. Por ejemplo, un comerciante que actualmente paga $2 millones mensuales en consumo de energía tendría que asumir un aumento de $200.000 mensuales si el proyecto entra en vigencia. Esto significaría un gasto adicional de $2.400.000 anuales solo en concepto de este impuesto, que comenzaría a cobrarse a partir del 1 de enero de 2025.

Destinación de los recursos recaudados

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, lidera la defensa del proyecto. Según sus declaraciones, los recursos obtenidos mediante la "Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana" se destinarán exclusivamente a fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento.

Esquivel explicó que los fondos servirán para financiar iniciativas que garanticen la protección de los habitantes, así como para el mantenimiento de infraestructura y programas relacionados con la convivencia ciudadana.

Reacciones ante la propuesta

La marcha, organizada por ciudadanos preocupados por las implicaciones del gravamen, cuenta con el respaldo de empresarios de la región. Este grupo, señalado como uno de los más afectados por la medida, ha cuestionado la carga económica que implicaría el impuesto, argumentando que podría desincentivar la actividad comercial e industrial en el Cesar.

Los manifestantes exigen mayor transparencia sobre el uso de los recursos recaudados y han solicitado a la Asamblea del Cesar reconsiderar la aprobación del proyecto.

Asimismo, insisten en que se evalúen otras alternativas menos gravosas para financiar los planes de seguridad departamental.

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