Murió Leris Acosta, paciente que denunció durante meses la falta de medicamentos para tratar hipertensión pulmonar

Leris Acosta, paciente diagnosticada con hipertensión pulmonar desde 2011 y afiliada a la EPS Cajacopi, falleció tras una descompensación que, según organizaciones médicas, fue consecuencia directa de la falta de acceso a sus medicamentos. Su caso, ampliamente conocido en redes sociales desde octubre de 2024, ha generado indignación.

Acosta, residente de Barrancas, La Guajira, denunció hace seis meses que llevaba ocho sin recibir los tratamientos necesarios para controlar la enfermedad, una condición crónica que afecta al 1 % de la población mundial. En un video que se viralizó en octubre, pidió públicamente a su EPS la entrega urgente de los fármacos que le habían sido negados reiteradamente.

Tweet: https://twitter.com/AyudaaRespirar/status/1849984054910705922?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1849984054910705922%7Ctwgr%5Eec7f12e2b4df740e8d6f03a892d6a6283bd9905f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fcolombia%2Fleris-

“Estoy muy descompensada, tuve mes y medio hospitalizada, salí sin mis medicamentos. Exijo que me los entreguen para mejorar mi calidad de vida”, dijo en aquel entonces. Sin embargo, su llamado no fue atendido a tiempo.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras confirmó que la causa del fallecimiento fue una descompensación derivada del incumplimiento en el suministro de los tratamientos. Por su parte, la Fundación Ayúdanos a Respirar responsabilizó tanto a Cajacopi como al Gobierno Nacional, recordando que La Guajira había sido declarada zona prioritaria para la garantía del derecho a la salud.

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En redes sociales, se multiplican los mensajes con el hashtag #MuerenPacientes, dirigidos al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a entidades como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, exigiendo una respuesta ante lo que califican como una negligencia estructural.

La muerte de Leris Acosta vuelve a poner en evidencia las falencias del sistema de salud colombiano, y abre un llamado urgente a la protección efectiva de los derechos de pacientes con enfermedades de alto costo.

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