Funcionarios secuestrados por el ELN denuncian abandono mientras grupo armado crece desde 2022

A dos meses del secuestro de dos funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca, se difundió un video en el que se evidencia que continúan en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que, según sus propias declaraciones, no se han producido avances sustanciales por parte del Estado colombiano para facilitar su liberación.

Los retenidos son Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, escoltas de la Unidad de Protección y Seguridad del ente acusador. Ambos fueron privados de la libertad el pasado 8 de mayo, cuando se desplazaban por una zona rural del mencionado departamento, en circunstancias aún no esclarecidas oficialmente por las autoridades.

El material audiovisual, con una duración de tres minutos y treinta y cuatro segundos, fue conocido en la mañana de este miércoles y muestra a los dos hombres en aparente buen estado físico, aunque con signos de desgaste.

En la grabación, se refieren a la situación que atraviesan y al papel desempeñado hasta ahora por las instituciones del Estado, al que califican de insuficiente.

Rodrigo Antonio López, quien aparece con una camiseta color mostaza y una gorra negra, señala en su intervención que desde el momento de su captura no han observado esfuerzos concretos del Gobierno Nacional ni de la Fiscalía General para gestionar su retorno.

A lo largo de su declaración, solicita de manera reiterada que se habiliten canales de interlocución con el grupo armado que los mantiene retenidos.

“Solicitamos al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la señora fiscal general que establezcan mecanismos eficaces, ya sea por intermedio de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo o de cualquier entidad pertinente, para alcanzar nuestra pronta liberación. Hasta ahora, no hemos tenido conocimiento de ninguna gestión concreta”, expresó López Estrada.

El funcionario también dirige unas palabras a sus familiares, a quienes exhorta a solicitar a las autoridades información detallada, con respaldo documental, sobre las acciones que se hayan emprendido desde el momento de la retención.

Por su parte, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien viste una camisa verde y también lleva una gorra negra, se presenta con barba larga y un semblante visiblemente afectado.

En su mensaje hace referencia a su familia, mencionando a su esposa e hijos, con quienes espera reunirse pronto. A la par, insiste en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas que permitan establecer contacto con el ELN.

“El presidente debe tener presente que somos servidores públicos que desempeñamos funciones en beneficio del Estado colombiano. En esa medida, corresponde al Ejecutivo actuar como garante de nuestros derechos. Desde el 8 de mayo estamos en condición de prisioneros de guerra”, manifestó Pacheco.

El escolta también se dirige a la fiscal general de la Nación, reiterando la necesidad de buscar caminos que posibiliten su liberación y acude a la comunidad internacional, a organismos defensores de derechos humanos, a Naciones Unidas y a la Iglesia Católica para que intervengan como facilitadores.

Desde que se conoció la desaparición de los dos funcionarios, sus familias han expresado públicamente su preocupación y han insistido en la urgencia de una respuesta institucional.

Anterior a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya contaba con participación territorial en el país. Según informes de inteligencia y ONG, ese año operaba en aproximadamente 189 municipios. Sin embargo, para mediados de 2023 esa cifra había escalado a cerca de 231 municipios en 19 departamentos.

Posteriormente, para junio de 2024 la presencia mantenía una tendencia creciente, alcanzando 232 municipios.

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Durante este periodo, la actividad violenta también se intensificó. Un reporte de Human Rights Watch que compara mediados de 2024 con 2022 señala un aumento del 23 % en su expansión, mientras que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo aumentaron un 30 % y 55 %, respectivamente.

El problema no se limita al control territorial: el reclutamiento aumentado, incluido el de menores, ha sido denunciado por organizaciones como La Silla Vacía. Según un informe militar, los grupos armados (entre ellos el ELN) crecieron un 11 % en su pie de fuerza durante el primer semestre de 2023.

Informes de la Defensoría y la ONU entre 2022 y 2024 documentan al menos 658 casos de menores reclutados.

En términos operacionales, el ELN ejecutó múltiples acciones terroristas desde agosto de 2022, incluyendo masacres, ataques con explosivos, secuestros, reclutamiento y el sembrado de minas. Destaca el atentado a una base militar en Arauca el 17 de septiembre de 2024, con dos soldados muertos y más de 20 heridos, atribuido al ELN.

Además el ataque en Anorí (Antioquia) el 21 de noviembre de 2024, donde cinco soldados perdieron la vida.

En marzo de 2023, en el Catatumbo se registró el asesinato de nueve militares durante un ataque del ELN.

La escalada más grave ocurrió en enero de 2025, en el Catatumbo, cuando el ELN atacó al Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que dejó al menos 100 civiles muertos, más de 50,000 desplazados, varios secuestros y un número indeterminado de masacres

Reuters estima en 80 las personas asesinadas y 32,000 desplazados en la misma región, lo que llevó al gobierno a reactivar órdenes de captura y suspender las negociaciones.

Según el Observatorio o la UN, se registraron 422 eventos violentos en el Catatumbo, entre atentados, amenazas y asesinatos

En cuanto al número total de actos terroristas, secuestros, masacres y reclutamiento desde agosto de 2022, si bien no hay una cifra única oficial, los datos combinados de las fuentes apuntan a un aumento sostenido.

Las detonaciones con tatucos, ataques contra bases militares, homicidios de civiles, secuestros de líderes y reclutamiento infantil forman parte de una métrica creciente respaldada por los informes anteriores.

El ELN también ha emitido declaraciones críticas contra el Gobierno Petro. Por ejemplo, en febrero de 2025 Antonio García, uno de sus comandantes, acusó al Ejecutivo de no cumplir acuerdos en Catatumbo y de transformar la campaña de “Paz Total” en “guerra total”

En otra declaración en enero el grupo apuntó que Petro protege a las disidencias de las FARC, acusación que interpretan como señal de una supuesta alianza estatal con esos grupos.

También responsabiliza al mandatario por reactivar órdenes de captura y suspender el diálogo, afirmando que con ello busca socavar al ELN antes de cumplir compromisos pactados .

La Defensoría advirtió que la crisis del Catatumbo marca “la muerte política del ELN” de persistir la violencia sin negociación viable.

Sin embargo, esta postura está en tensión con los avances del grupo armado en territorios estratégicos y su creciente capacidad operativa, pese a la política de “paz total” del Gobierno .

En resumen, entre agosto de 2022 y mediados de 2025 el ELN pasó de presencia en cerca de 189 municipios a alrededor de 232. Su actividad violenta se tradujo en múltiples atentados, masacres, ataques a la fuerza pública, secuestros y reclutamiento, incluidos menores. Ha desatado crisis humanitarias, especialmente en regiones fronterizas como Catatumbo y Arauca.

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