ELN se atribuye secuestro de dos funcionarios del CTI en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, durante un operativo de control realizado el 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca. En un comunicado difundido al día siguiente, el grupo insurgente también reportó un ataque con francotirador contra un integrante del Ejército en la misma región.

De acuerdo con el documento titulado Retenciones y francotirador, los funcionarios retenidos fueron identificados como Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, ambos oriundos de la ciudad de Arauca. Según el ELN, los agentes fueron interceptados a las 11:57 a. m. cuando se desplazaban en una camioneta, portando su armamento de dotación. El grupo aseguró que a los detenidos se les aplicará "el debido proceso conforme a nuestra normatividad".

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Ese mismo día, en la vereda Caranal de Fortul, el ELN informó sobre una acción armada que habría dejado herido a un soldado profesional del Batallón Energético Vial del Ejército Nacional. El ataque, ejecutado por un francotirador, se enmarca en las hostilidades que persisten en el departamento de Arauca, donde se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.

La Fiscalía General no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre el secuestro de sus funcionarios, aunque se espera que en las próximas horas se active un protocolo de búsqueda e investigación en coordinación con las autoridades militares. Este nuevo hecho se suma a una serie de incidentes recientes en los que el ELN ha sido vinculado con actos de retención y violencia contra servidores del Estado.

Arauca continúa siendo una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. El Frente de Guerra Oriental del ELN ha sido señalado por organismos de derechos humanos y autoridades estatales como responsable de múltiples ataques, secuestros y amenazas en la zona, lo que ha dificultado la gobernabilidad y el acceso a la justicia en varios municipios fronterizos.

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