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Disidencias de las Farc cobran por carretera ilegal en Jamundí bajo amenaza de muerte
La estructura Jaime Martínez, al mando de alias Iván Mordisco, adelanta la construcción de una vía en zona rural y obliga a la comunidad a financiarla bajo extorsión.
En la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, construye una carretera ilegal que conectará los corregimientos de San Antonio y Villacolombia. El proyecto, lejos de ser una obra comunitaria, se financia mediante extorsión, obligando a cada habitante a pagar 500.000 pesos por adulto y 80.000 por cada niño matriculado en la escuela.
La presión económica es asfixiante: en hogares donde el ingreso diario no supera los 60.000 pesos, muchas familias deben reunir más de 700.000 pesos en pocos días. Quien se niega a pagar, advierten los pobladores, se expone a ser asesinado. Así ocurrió con Yeri Gaitán, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villacolombia, y Ruhal Martínez, vicepresidente del mismo corregimiento, asesinados en hechos que la comunidad asocia con su negativa a cumplir las cuotas.
El control del grupo armado va más allá del cobro de dinero. Los residentes deben portar un carnet de movilidad expedido por la disidencia, que se obtiene entregando la cédula y recibiendo un plástico que autoriza circular en la zona. Además, los pobladores son obligados a participar en bloqueos contra la fuerza pública, como el ocurrido la semana pasada, cuando unos 150 soldados fueron rodeados por civiles, en su mayoría bajo coacción, y tuvieron que abandonar el área.
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La situación ha provocado desplazamientos silenciosos: familias que venden sus tierras a pérdida para huir y otras que permanecen por temor a perder lo poco que tienen.
El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que sobrevuelos han permitido identificar el trazado ilegal de la vía y que se coordina con la Fiscalía una operación para frenar la obra y neutralizar las actividades criminales.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denunció que este método de financiación forzada se repite en otras zonas rurales, con cobros de hasta 5 millones de pesos. “Esto es gravísimo. Exigimos una intervención real del Gobierno nacional. No podemos seguir solos enfrentando este monstruo”, afirmó.
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