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Contraloría pide convertir la conectividad en un derecho fundamental para cerrar la brecha digital
Un informe advierte que el acceso desigual a internet en Colombia reproduce exclusiones estructurales: mientras en Bogotá se superan los 250 Mbps, en regiones como el Amazonas docentes enseñan con apenas 5 Mbps.
La Contraloría General de la República alertó sobre la profundización de la brecha digital en Colombia y advirtió que la conectividad debe asumirse como un derecho fundamental y no como un privilegio. El pronunciamiento se dio en el marco de la ponencia “Desde la Brecha Digital hacia la Conectividad Significativa”, en la que se destacó que las desigualdades no se limitan a la cobertura, sino que afectan la equidad territorial, la inclusión social y el desarrollo humano.
El informe revela que en departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés menos del 34,1% de los hogares cuentan con internet, mientras que a nivel nacional más del 59% de los desconectados señalan el alto costo como la principal barrera. A modo de contraste, una docente en el Amazonas debe enseñar con una velocidad de apenas 5 Mbps, frente a los más de 250 Mbps que se registran en Bogotá.
La entidad también subrayó que el uso del espectro radioeléctrico no se ha valorado en términos de bienestar social. Aunque entre 2019 y 2023 se asignaron 460 MHz que representaron ingresos superiores a 6 billones de pesos para la Nación, aún no se cuantifica su impacto en equidad y desarrollo.
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En el ámbito económico, la Contraloría advirtió que la digitalización empresarial avanza lentamente: solo el 5,8% de las industrias usan inteligencia artificial y el 10,2% analítica de datos, lo que evidencia un rezago en la adopción tecnológica pese a que el sector TIC ha contribuido en promedio con el 3,8% del PIB.
El organismo de control propuso una hoja de ruta que incluye el rediseño de indicadores digitales con enfoque en bienestar, la creación de marcos normativos diferenciales para territorios excluidos, la consolidación de una canasta básica TIC —con conectividad, dispositivos y habilidades—, el fomento del uso productivo del internet y el fortalecimiento de una gobernanza digital articulada y basada en evidencia.
“La conectividad no puede seguir siendo un fin en sí mismo; debe ser una herramienta para transformar vidas y construir un país más equitativo e inclusivo”, concluyó la Contraloría.
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