Confirman muerte de Angie Pahola Tobar Calpa el mismo día de su secuestro

El caso de desaparición de la estudiante universitaria Angie Pahola Tobar Calpa, reportada como desaparecida desde el pasado 27 de agosto, dio un giro definitivo con la confirmación de su fallecimiento.

Luego de casi dos meses de búsqueda por parte de sus familiares y autoridades, el 22 de octubre se estableció que la joven perdió la vida el mismo día en que fue retenida por un grupo armado ilegal.

Tobar Calpa, de 26 años, se encontraba de regreso hacia Medellín luego de pasar una temporada en su lugar de origen, Guachucal, Nariño. Su desplazamiento se realizó en un vehículo de carga en el que también viajaban un conocido de su familia, el conductor y su ayudante.

El trayecto fue interrumpido en el sector rural conocido como El Túnel, ubicado en la vía entre Popayán y Piendamó, cuando fueron detenidos en un punto de control instalado de manera irregular por individuos armados que se identificaron como integrantes del Bloque Dagoberto Ramos, facción disidente de las antiguas FARC.

En ese sitio, Angie y su acompañante fueron obligados a descender del vehículo y trasladados por la fuerza en una camioneta perteneciente al grupo armado.

Desde ese momento, no se volvió a tener información sobre su paradero. Las primeras hipótesis apuntaban a un posible secuestro con fines extorsivos.

Sin embargo, según información recopilada por allegados de la joven, la secuencia de hechos posteriores habría sido distinta a lo inicialmente contemplado.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por familiares a ese medio, Angie Pahola habría muerto pocas horas después de su retención, durante un enfrentamiento armado entre las fuerzas militares y el grupo disidente que la transportaba junto con su acompañante.

En un comunicado público, el Bloque Dagoberto Ramos reconoció que un vehículo que movilizaba a “dos retenidos con fines económicos” fue blanco de lo que calificaron como un ataque desproporcionado por parte del Ejército Nacional.

Según la versión ofrecida por ese grupo, la acción bélica derivó en la incineración del automotor, y en su interior fallecieron tanto los dos civiles como un integrante armado que los custodiaba.

La misma versión fue parcialmente ratificada por el Ejército a través de una comunicación oficial, en la que se informó sobre un enfrentamiento ocurrido en esa zona y la destrucción por fuego de una camioneta en la que se encontraban tres personas.

Aunque en un principio no se confirmó la identidad de los ocupantes, el hecho fue catalogado como parte de las operaciones militares desplegadas en contra de estructuras ilegales que operan en esa región del departamento del Cauca.

Ante la ausencia de certeza sobre los cuerpos calcinados hallados en el sitio, los exámenes forenses quedaron en manos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La complejidad del proceso de identificación de los restos, debido a su avanzado estado de carbonización, implicaba tiempos prolongados de análisis, incluso estimaciones iniciales indicaban que los resultados podrían tardar hasta cinco años.

Frente a la dilación de los estudios científicos, una dirigente política cuya identidad no fue precisada por el medio actuó como intermediaria para agilizar las pruebas forenses.

A través de su gestión, se logró reducir el tiempo de espera y obtener los resultados en un plazo más corto. Finalmente, los exámenes de identificación genética confirmaron que dos de los cuerpos correspondían a Angie Pahola Tobar Calpa y al hombre que la acompañaba al momento de la retención.

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Con la confirmación de los resultados, se estableció que la estudiante universitaria murió el mismo día en que fue obligada a abandonar el camión en el que se desplazaba.

Su deceso se produjo, según los hechos reportados, como consecuencia directa del enfrentamiento entre los actores armados en la zona.

Para sus familiares, el desenlace trajo consigo una respuesta definitiva a semanas de incertidumbre y permitió el inicio de las diligencias para su sepultura.

La muerte de Angie Pahola Tobar Calpa se suma a otros casos recientes en los que personas civiles han sido víctimas de confrontaciones armadas en zonas donde grupos residuales de las antiguas FARC mantienen presencia y ejercen control territorial.

La situación en el suroccidente del país sigue siendo objeto de seguimiento por parte de organismos defensores de derechos humanos, autoridades regionales y entidades estatales que evalúan el impacto del conflicto armado en la población civil.

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