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Caso Freddy Castellanos: Amenazan a madre que denunció públicamente el caso de abuso en el Hogar Infantil Canadá
Margie Espinel, madre de una menor presuntamente abusada, afirma estar recibiendo intimidaciones por redes sociales tras visibilizar el caso del exdocente del Hogar Infantil Canadá.

Margie Espinel, madre de una de las niñas presuntamente abusadas por Freddy Castellanos en el Hogar Infantil Canadá, sede F, denunció estar siendo víctima de amenazas e intimidaciones en redes sociales. La mujer, quien ha sido una de las voces más visibles en el caso, hizo pública esta situación a través de un video en TikTok, en el que afirma que buscan desacreditarla como madre y como creadora de contenido.
En su mensaje, Espinel expresó que no permitirá que estos ataques la silencien. “Estoy amenazada, he recibido bastantes amenazas, muy claras, y no me van a callar”, señaló, reiterando su compromiso por obtener justicia para su hija y las demás víctimas. Asegura que los mensajes buscan proteger la imagen del presunto agresor, acusado de abusar de hasta diez menores en esa institución educativa de Bogotá.
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Espinel también defendió públicamente su labor como madre y trabajadora independiente, cuestionando que se intente usar su ocupación como argumento para deslegitimar su denuncia. “Un trabajo no nos define”, afirmó, mientras señalaba que cumple plenamente sus responsabilidades como madre junto con el padre de sus hijos. La mujer enfatizó que su denuncia se basa en el testimonio directo de su hija, lo que la motivó a visibilizar el caso.
El caso de Freddy Castellanos ha generado indignación en la opinión pública, especialmente por el hecho de que el jardín infantil está adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Varios sectores han criticado la falta de acción efectiva del Estado. La senadora Nadia Blel citó a debate de control político al ICBF y a la Policía, denunciando “la ausencia total de vigilancia, prevención y acción” en este tipo de casos.
El testimonio de Espinel ha evidenciado la necesidad de fortalecer el sistema de protección a la niñez y brindar respaldo a quienes denuncian abusos. Mientras el proceso judicial avanza, la comunidad exige mayor celeridad en las investigaciones y garantías para evitar la revictimización de quienes alzan la voz en nombre de los menores afectados.
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