Ataques con drones en El Tarra dejan cinco heridos, entre ellos dos menores

La violencia volvió a sacudir al Catatumbo en la recta final de 2025. Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, tras un ataque con drones cargados de explosivos contra viviendas del corregimiento Filo El Gringo, en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

Videos difundidos en redes sociales evidencian los graves daños materiales causados por las detonaciones, que habrían impactado casas presuntamente usadas como refugio por integrantes del ELN. De acuerdo con las autoridades locales, estos hechos se enmarcan en la intensificación de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, que se disputan el control territorial de este punto estratégico de la subregión.

La escalada armada ha elevado la tensión y reactivado el miedo entre las comunidades, que ya vivieron una situación similar hace un año, cuando choques entre los mismos grupos provocaron desplazamientos masivos. Esta vez, el uso de drones con explosivos ha generado especial preocupación por el riesgo directo para la población civil.

Desde la Personería de Ocaña se confirmó la llegada de las primeras familias desplazadas provenientes de Filo El Gringo. Según informó la entidad, más de 21 núcleos familiares han buscado refugio, muchos de ellos integrados por niños, personas con discapacidad y adultos mayores. El organismo advirtió que el flujo de desplazados continúa y que la situación es urgente.

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“El llamado al Gobierno nacional es para que se entreguen ayudas humanitarias inmediatas y se garantice la atención prioritaria, con acceso a derechos fundamentales para estas familias”, señaló un vocero de la Personería, quien también pidió a los grupos armados cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario.

La crisis fue respaldada por la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), que alertó sobre un escenario aún más crítico. Según esa organización, al menos 150 personas han sido desplazadas, entre ellas 41 niños, niñas y adolescentes, mientras que más de 500 permanecen confinadas sin condiciones seguras para salir de sus territorios.

Fenalper advirtió que el desplazamiento forzado y el confinamiento constituyen graves violaciones a los derechos humanos y exigió al Estado la activación plena de la ruta humanitaria, mayor presencia institucional y la habilitación de corredores humanitarios para proteger a las comunidades afectadas.

La situación en El Tarra vuelve a poner en evidencia el impacto del conflicto armado sobre la población civil del Catatumbo, una región donde la disputa entre grupos ilegales sigue dejando víctimas, destrucción y una profunda crisis humanitaria sin resolver.

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